El estado policiaco y el clientelismo político del FSLN

Jorge Mejía Peralta / Flickr / CC BY 2.0

Aunque los métodos de control político del gobierno buscan mantener un nivel de subordinación de la población, hay dos realidades importantes, primero, que esa subordinación está basada en el miedo y sus políticas demuestran la falta de transparencia y el uso de prebendas. Segundo, el deseo por el cambio político es más fuerte cada día. El régimen oculta estas realidades, pero tarde o temprano, por presión popular e internacional tendrá que tragarse el orgullo del absolutismo de Estado y negociar su poder político en un ambiente competitivo. Y si realmente “no las debe, no las teme”, en vez de crear la fachada de reformas unilaterales cosméticas, la presión lo llevará a negociar las reformas de una vez.

El estado policial en Nicaragua

Como parte de una diplomacia defensiva, ante Naciones Unidas, el vicecanciller Valdrack Jaentschke rechazó las pruebas que demuestran que en Nicaragua hay una grave situación de violación de derechos humanos. El embajador de Nicaragua en Washington, Francisco Campbell, de igual forma sostiene la narrativa del gobierno que en el país hay respeto al derecho a la protesta, la libertad de expresión, y que uno puede andar con tranquilidad en las calles.

La realidad es que la normalidad en Nicaragua es vivir bajo un estado policial en el que las fuerzas de seguridad pública se han dado a la función de controlar la vida cotidiana de la gente para intimidarles e impedir su derecho a la protesta cívica. Además, el rol del estado policial se extiende más allá de las fuerzas del Estado e incluye los motorizados paramilitares, pandillas, y miembros de los Consejo del Poder Ciudadano (CPC). En una encuesta realizada en septiembre 2019 por Borge y Asociados, entrevistando a 1000 nicaragüenses en el país, el 73% dijo conocer que en su comunidad o zona había un CPC, y el 16% -uno de cada quince nicaragüenses- dijo que habían sido “visitados” por un CPC en los últimos 30 días. Las consecuencias de esa presencia son sustanciales: Revela la forma cómo el gobierno gasta sus recursos para mantener el control de la población, lo cual se refleja en las diferencias que la misma encuesta reseña entre la aprobación que la gente le otorga al gobierno de Ortega y su intención de votar por él en una elección.

Por ejemplo, en esa encuesta cerca del 55% de los encuestados dijeron que la gestión del gobierno actual era muy buena (16%) o buena (38%). Esas respuestas sorprenderán al público nacional como contrarias al sentido común, y con razón. ¡Detrás de esa respuesta hay como fuente la presencia del estado policial y su política del miedo, acompañada del clientelismo político— así quien no es popular! En el primer caso, quienes le dan esa favorabilidad al régimen son en su mayoría personas que han sido “visitadas” por un CPC. El efecto intimidación influye sobre la calificación de muy buena de la gestión del régimen: 37% de quienes calificaron de esta forma al régimen fueron visitados personalmente a sus casas por un miembro del CPC. Estas visitas no son para aprender sobre las necesidades de la gente, sino para recordarles quién está a cargo del país.

El recuento de la represión es extenso con denuncias y evidencias sobre la forma en que los líderes opositores son asediados. Sin embargo, la presión se extiende también al ciudadano ordinario, la persona que todos los días tiene que respirar los rótulos en las calles del presidente cristiano y solidario acompañado con el recordatorio personal del miembro del CPC con sus visitas cotidianas. ¿Estado totalitario? ¿modelo cubano? Definitivamente, intimidación en lo fino.

Clientelismo político del orteguismo

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