Impactos climáticos y resiliencia en la República Dominicana
Los países del Caribe son particularmente vulnerables al aumento del nivel del mar, la alteración de las costas, y la intrusión salina. Se espera que temperaturas más altas provoquen una mayor incidencia de tormentas tropicales y ciclones, lo que a la vez incidirá en inundaciones y deslizamientos de tierra. Según cifras oficiales, la tasa de pobreza en la República Dominicana es del 23.85 por ciento, con datos del 2021, y el cambio climático tendrá un efecto multiplicador, que agravará otros factores que provocan inestabilidad y carencia entre los más vulnerables.
En las palabras de apertura, la directora del Programa de Transición Energética y Clima del Diálogo Interamericano, Daniela Stevens, resaltó las consecuencias del cambio climático para distintos sectores económicos. El turismo, que representa el 13 por ciento del PIB nacional, podría sufrir importantes repercusiones dados los daños a la infraestructura, requisitos adicionales de preparación para emergencias, mayores gastos operativos e interrupciones comerciales. La actividad agrícola, centrada en azúcar y arroz, representa el 11 por ciento del PIB y cerca del 15 por ciento de los empleos y se está viendo ya amenazada ante desastres naturales, pues los huracanes, tormentas tropicales, inundaciones y sequías, afectan mayormente a los pequeños agricultores, quienes representan el 72 por ciento del total de los agricultores, y trabajan casi el 30 por ciento de la tierra agrícola de la República Dominicana. Con apoyo internacional y reformas que incrementen el espacio fiscal, el gobierno tiene herramientas a su disposición como la construcción de infraestructura resiliente, implementación de prácticas agrícolas innovadoras, emisión de bonos verdes y azules y otras soluciones basadas en la naturaleza.
La ponente principal fue la Lic. Milagros De Camps Germán, Viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad de la República Dominicana. La viceministra contextualizó los impactos del cambio climático en el ámbito global, señalando que la diferencia entre 1.5 grados Celsius de calentamiento comparado con 2 grados es una amenaza existencial para las islas. Ante un escenario de 2 grados, las comunidades que se encuentran por debajo de los tres metros sobre el nivel del mar se verán severamente afectadas al punto de llegar a la desaparición.
A pesar de que la República Dominicana emite solo el 0.06 por ciento de los gases de efecto invernadero, es uno de los países más vulnerables. Los efectos del cambio climático se están sintiendo en inundaciones, los peores incendios forestales en la historia, mortandad de especies y afectaciones al turismo por huracanes. El cambio climático es el tercer impulsor de la pérdida de biodiversidad, ejemplos de ello son el sargazo en las costas, y que de las más de 6 mil especies de plantas vasculares en el país, 803 se encuentra en peligro crítico. El país es el 10º en el mundo con más pérdidas por eventos extremos, y si para 2030 no aplica medidas ambiciosas, el costo de combatir el cambio climático será del 4.8 por ciento del PIB anual en promedio.
La adaptación al cambio climático es una prioridad para mantener el crecimiento económico y aunque el aumento de 2 grados es alarmante, hay distintas herramientas para evitarlo y llegar a un aumento promedio de 1.2 grados a finales del siglo. Sin embargo, un escenario business as usual desembocaría en un aumento de temperatura media de 3.8 grados. De llegar a este punto, los patrones del clima cambiarían afectando los periodos de agricultura, afectando la seguridad alimentaria, reduciendo el periodo de lluvias hasta un 35 por ciento y con ello la capacidad de las cuencas.
La Viceministra De Camps proyectó una simulación que mostró cómo el ascenso en la temperatura afectaría las costas a finales del siglo bajo este escenario. El aumento en el nivel del mar convertirá la Península de Samaná en una isla. La República Dominicana es altamente dependiente de sus costas; la zona sur y la zona del este, donde están las principales inversiones públicas, serían las más vulnerables y las más afectadas, conjuntamente con la Ciudad de Santo Domingo.
Según el índice del desempeño ambiental de la Universidad de Yale, con datos del 2019 y 2020, la República Dominicana ha bajado su desempeño ambiental (actualmente en la posición 89 de 180 países) y la tendencia proyectada es que se encontrará en la posición 153 debido al bajo desempeño en los indicadores como protección de los ecosistemas, protección de las poblaciones vulnerables ante riesgos ambientales asociados a la salud, y políticas sobre cambio climático.
De Camps también resaltó la responsabilidad inherente de los países desarrollados, plasmada en el Acuerdo de París. La posición de la RD en los foros internacionales es defender la prioridad de mantener la temperatura en 1.5 grados Celsius, poner fin a los subsidios a industrias contaminantes, asegurar una financiación más eficiente y de calidad para el cambio climático, especialmente para la adaptación, y un resultado concreto en el fondo de pérdidas y daños.
El desafío no solo está en eliminar los combustibles fósiles a un ritmo acelerado sino en invertir en la resiliencia de la biósfera, es decir, en la resiliencia de la biodiversidad del agua y los sistemas alimentarios, de la gestión del impacto de la agricultura y soluciones como agricultura regenerativa, soluciones basadas en la naturaleza y soluciones sociales como la diversificación alimentaria y la reducción del desperdicio alimentario. La Viceministra argumentó que la humanidad está viviendo en el momento más importante su la historia y tiene la capacidad de tomar mejores decisiones, como cambiar modelos de consumo de materiales y energía para propiciar la sostenibilidad, y cambiar el modelo de desarrollo económico a uno compatible con los límites planetarios. La educación, sensibilización y comunicación serán clave para lograrlo.
En su comentario a la exposición de la ponente, Juan Carlos Monterrey, vicepresidente para la implementación de la Convención de Cambio Climático de la Organización de Naciones Unidas, señaló que la crisis climática ofrece la oportunidad de rediseñar distintos sistemas como el transporte, la salud, la educación y la alimentación. Para lograrlo será necesaria la participación de todos los involucrados como las comunidades científica, política, empresarial, los sectores agrícola y de salud, así como los periodistas y la ciudadanía. Según Monterrey, el liderazgo de De Camps ha reforzado el posicionamiento de jóvenes profesionales, en su mayoría mujeres, para defender no solamente a la República Dominicana sino a los intereses de los países más vulnerables. En la COP27 en Egipto, por primera vez se logró la decisión de formar un fondo para pérdidas y daños con el liderazgo de la República Dominicana.
La Dra. Michaela Izzo, Directora de temas ambientales en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, resaltó dos puntos, el primero sobre los impactos territoriales del cambio climático y el segundo sobre la capacidad de medir dichos impactos. Señaló que la República Dominicana necesita fortalecer el sistema de monitoreo para estar alerta a los eventos extremos como sequía e inundaciones asociadas a eventos de lluvia intensa. Los daños o pérdidas asociadas a estos eventos dependerán no solo de su intensidad sino de la capacidad de respuesta territorial y de la capacidad adaptativa.
La Dra. Izzo recomendó dirigir los esfuerzos nacionales a salvaguardar los recursos ecosistémicos, sobre todo la cobertura boscosa, y a fortalecer el sistema de monitoreo de las variables ambientales en general pero especialmente de las variables climáticas, hidrométricas e hidrológicas, actualmente carentes tanto en términos de densidad de información como de acceso a la misma. Resaltó un proyecto que dirige y financia actualmente el Banco Interamericano de Desarrollo para concretar la densificación de la red de medición y la mejora de la gobernanza para mejorar el acceso a los datos como base para la toma de decisiones.
Jacqueline Malagón, directora de la cátedra durante 7 años y ex Ministra de Educación de la República Dominicana, cerró la conversación resaltando la sobresaliente labor ambiental de la Dra. Bonetti y la importancia de eventos como la Cátedra Magistral para sensibilizar a las nuevas generaciones a comprometerse a luchar contra el cambio climático.
As economies seek to rebuild in the aftermath of the Covid-19 crisis, there is an opportunity to accelerate climate change mitigation and adaptation and shape more sustainable economic models. Revenues from the extractive industries can provide crucial resources in this effort, according to a new report by the Inter-American Dialogue.
A medida que Colombia trata de recuperarse de la devastación económica que le ha generado el Covid-19, también debe esforzarse en el cumplimiento de sus metas en materia de cambio climático y la creación de un modelo de desarrollo más sostenible. Los ingresos fiscales procedentes de la producción de minería e hidrocarburos podrían utilizarse para cumplir con esos importantes objetivos.
Durante un evento del Diálogo Interamericano el 16 de diciembre, se enfatizó en que a medida que las economías intentan reconstruirse luego de la crisis generada por el Covid-19, surge la oportunidad de acelerar la mitigación del cambio climático, la adaptación al mismo, y de elaborar modelos económicos más sostenibles. Los ingresos de las industrias extractivas pueden proporcionar recursos cruciales para cumplir este objetivo bajo un modelo eficiente en términos de inclusión social e impacto ambiental.