Balance económico y político del Covid-19 en el Perú

A más de seis meses de la declaración del estado de emergencia por la pandemia del Covid-19, el balance socioeconómico y sanitario en el Perú ha sido adverso. Aunque la tasa de contagios y fallecidos ha tendido a reducirse luego de los picos alcanzados en el pasado mes de agosto, el Perú se encuentra en el sexto puesto a nivel mundial de países con mayor número de casos detectados, con 811.768 personas infectadas (2.5% de la población total) y 32.396 fallecidos al 30 de septiembre. En términos relativos, el Perú es uno de los países del mundo con mayor número de infectados y fallecidos por cada millón de habitantes. Aun cuando no se descarta en los próximos meses una segunda oleada de la pandemia, como está sucediendo en varios países europeos y en los EEUU, resulta claro que el reinicio de las actividades económicas tras la adopción de severas medidas de confinamiento y aislamiento social, vino acompañado por un repunte de personas contagiadas de Covid-19.

Las proyecciones oficiales estiman una contracción de la economía peruana de alrededor de -12% en el 2020 y un rebote el 2021. Considerando un escenario donde el gasto por hogar cae -15%, el nivel de pobreza se incrementaría a 30%, lo cual conllevaría a que más de tres millones de personas regresen a la pobreza como consecuencia directa de la pandemia. Según la Encuesta Permanente de Empleo en Lima, durante el trimestre móvil junio-julio-agosto de 2020, se perdieron 1.3 millones de puestos de trabajo revirtiendo parcialmente las dramáticas caídas registradas en el segundo trimestre del año. Esto ha generado que la tasa de desempleo se incremente a 15.6%, casi 10 puntos porcentuales más que en el 2019. Asimismo, la masa salarial (es decir, el ingreso total percibido por la población ocupada) se redujo 34.3% respecto al 2019, mientras que el ingreso promedio se redujo en 9%. La tasa de desempleo entre los jóvenes podría ascendería a niveles de 20% y la informalidad laboral a 80% a fines de año. Ciertamente, la precarización del Perú es el principal legado de la pandemia.

Lo que muchos se preguntan es por qué el Perú, que fue uno de los países que adoptó las medidas de aislamiento social y confinamiento más rígidas del mundo y que dispuso el programa de estímulo económico más agresivo de su historia (20% del PBI) y el mayor de la región, tuvo tan pobres resultados tanto en materia sanitaria como económica. Si bien la severidad de las medidas de aislamiento social estaba justificada, al menos inicialmente, las diferencias entre el Perú y otros países de la región radicarían en la rigidez de la cuarentena, donde incluso se cerraron por completo sectores productivos sin suficiente justificación de los riesgos sanitarios que se pretendían manejar. Por su parte, las medidas de soporte público que se adoptaron para proteger a los segmentos más vulnerables de la población no llegaron con la oportunidad que se requería, como tampoco lo hicieron las medidas destinadas a inyectar liquidez a las empresas, evitar la quiebra de miles de empresas y la pérdida dramática de empleo registrada en el país.

Más allá de estas consideraciones, quizá el aspecto más importante que ha evidenciado la pandemia haya sido la comprobación de que la sociedad peruana se erguía sobre cimientos más endebles de lo que se creía. Por ejemplo, la pandemia ha visibilizado con claridad las deficiencias del sistema de salud pública, que venían arrastrándose por décadas. Aun teniendo acceso a un mayor presupuesto público (que se multiplicó por 3 la última década), la capacidad de atención sanitaria es deficiente. Por ello, el Gobierno dispuso incrementar significativamente su capacidad de atención, poniéndose como meta para el cierre de su mandato en julio del 2021 la disponibilidad de 3.000 unidades de cuidados intensivos partiendo de menos de 200 unidades en todo el país antes de la pandemia (teniendo una de las tasas de cobertura más bajas en la región).

No solo se debe intentar reactivar la economía lo más rápido posible, sino que la magnitud de la crisis y el sentido de urgencia que existe debe permitir llegar a un consenso mínimo que encare las falencias que han sido visibilizadas por la crisis actual. Para alcanzar una sociedad más cohesionada es imprescindible adoptar políticas públicas que sean más efectivas y fiscalmente sostenibles dentro de un marco de legalidad. Sin duda la tarea de reconstruir la fortaleza fiscal del país, con un déficit de 10% del PBI por el colapso en la recaudación tributaria, resta grados de libertad al Gobierno. En una democracia representativa como la peruana, el Congreso tiene un rol central en la aprobación de leyes que coadyuve al desarrollo nacional. Lamentablemente, este rol no siempre ha sido ejercido de manera eficaz y responsable. La fase preelectoral actual y las circunstancias extraordinarias de una representación nacional de breve duración (18 meses) han inhibido que prime la sensatez y que se aprueben las leyes que el país necesita. Por el contrario, uno de los principales factores de riesgo advertido por las agencias calificadoras de riesgo ha sido el aumento en el populismo y una mayor prima de riesgo regulatorio que atenta contra la reactivación económica del país. La aprobación de inconstitucionales iniciativas de gasto por parte del Legislativo, el intento de imponer controles de precios al sistema financiero y la desnaturalización del sistema de pensiones, entre otros, sin duda le dejarán bombas de tiempo a la siguiente administración.

Entrar en un nuevo ciclo virtuoso de inversiones, especialmente privadas, demandará una compleja tarea de establecimiento de una nueva lógica y entendimiento entre los actores responsables de forjar una vigorosa reactivación. Esto requerirá una mayor proactividad y eficiencia de la burocracia pública, un mayor compromiso y visión de largo plazo de las empresas, una mayor resiliencia de los trabajadores y una mayor responsabilidad y sentido de la historia de los políticos sanitaria, dejando de la lado la aguda polarización política que incluso intentó vacar al Presidente Vizcarra en medio de la crisis. El Perú ha logrado salir airoso de otras duras pruebas en el pasado y no hay razón alguna que permita anticipar que esto no vuelva ocurrir. Para esto es necesario no olvidar la gran fractura social que causó el populismo en la década de los ochenta, cuando el manejo irresponsable de la economía sumió a 3 de cada 5 peruanos en la pobreza. Las elecciones del próximo año serán clave para determinar el futuro de millones de ciudadanos peruanos y se logre impulsar una agenda que revierta el deterioro social del país y lo haga menos vulnerable a los shocks que a futuro se tendrán que enfrentar.

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