Stevens: “En la transición energética, las energías limpias no están exentas de conflictos”

Radio Sucesos Ecuador

Daniela Stevens, directora del programa de energía, cambio climático e industrias extractivas del Dialogo Interamericano habló con Radio Sucesos Ecuador el 25 de octubre. Dio sus comentarios sobre los conflictos locales y movimientos sociales disparados por la transición energética.

Pregunta (P): ¿Cómo podemos aprovechar los recursos naturales en contextos de alta conflictividad social? Hay comunidades que buscan que el petróleo y los recursos se queden bajo tierra. ¿Qué desafíos tienen las empresas dentro de este entorno? 

Respuesta (R): Empezaré diciendo que los conflictos locales no son únicamente el resultado de la oposición a proyectos mineros y petroleros, sino también a proyectos de energía limpia y otros proyectos de infraestructura como construcción de represas y parques eólicos. 

Gran parte de la oposición popular está relacionada con la protección del medio ambiente y los derechos sobre la tierra que incluyen no solo cambios en el paisaje natural sino alteraciones del ciclo hidrológico y de rutas migratorias y cadenas alimentarias, concentración de contaminantes y cambios en la química del agua, entre muchos otros. Otra gran parte se opone por los impactos sociales, que incluyen desalojos forzados, perturbación de los medios de subsistencia locales, especialmente en los sectores de la agricultura y la ganadería, e interferencia con las tradiciones culturales y las formas de vida locales en las zonas rurales o indígenas. 

Una tercera parte de la oposición está relacionada con demandas de mayores beneficios económicos y cuestiones laborales. Muchos proyectos han resultado en beneficios económicos demasiado modestos. Una cuestión muy grave es que la afluencia de regalías petroleras y mineras no siempre se ha traducido en desarrollo económico a nivel local. En la mayoría de las comunidades sigue existiendo pobreza y bajos niveles de desarrollo humano. En algunos casos, esto se ve agravado por la corrupción y/o la mala gestión de los fondos y porque ha habido una falta de participación suficiente de las partes interesadas y consulta previa de las comunidades afectadas.  

El problema se agrava porque en la mayoría de los países latinoamericanos, los gobiernos en todos los niveles carecen de procesos claros, recursos adecuados y la habilidad política necesaria para prevenir y reducir los conflictos locales, lo que deja a las empresas con la responsabilidad de mediar directamente entre los proyectos y las comunidades locales. Además, ha habido falta de participación de las comunidades locales afectadas por los proyectos, así como una falta información a las comunidades sobre los proyectos planificados y sus posibles repercusiones. 

También hay una brecha en la comprensión de lo que significa consultar con las comunidades locales. En muchos casos, los gobiernos definen la consulta como un proceso en el que simplemente se informa a las comunidades de las posibles consecuencias, mientras que las comunidades creen que tienen derecho a vetar los proyectos. 

Para evitar conflictos con las comunidades locales, varios países latinoamericanos cuentan con leyes sobre consulta previa en las que los actores a cargo de proyectos están obligados a consultar y comunicarse con las comunidades indígenas locales. En el Ecuador, el Convenio 169 de la ILO sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la constitución y más recientemente el Convenio 1040 garantizan la consulta previa. Sin embargo, todavía tiene que aplicarse bien en la práctica, ya que las reglas (y los fallos) ambiguos generalmente permiten que el gobierno, no la sociedad, tenga la última palabra sobre los proyectos. 

Para que los países puedan sacar provecho de la oportunidad de explotar recursos naturales, es indispensable que la producción se lleve a cabo de forma responsable, transparente e inclusiva, con estricto apego a las responsabilidades internacionales que los países latinoamericanos han adoptado sobre consulta previa, libre e informada de las naciones indígenas, así como de la participación de la sociedad civil como co-partícipe, no como espectadora, del desarrollo sustentable. 

El reto es multi-dimensional, y es permanente, no se agota en un antes y después de la consulta previa. La consulta previa, al contrario, debe ser el inicio de procesos transparentes y bidireccionales de diálogo y socialización de costos y beneficios. Lo ideal es hacer a las comunidades y a sus miembros interlocutores legítimos y co-productores del desarrollo. 

P: Los conflictos sociales en proyectos extractivos parecen fragmentados en cuanto a sus causas y consecuencias. ¿Cómo se puede conocer mejor a las comunidades e identificar la raíz del problema? 

R: Primero, es necesaria una visión social que se asiente en lo colectivo, no en lo individual. El error de algunas empresas ha sido tratar de negociar con una visión noroccidental, es decir, con individuos. Esto ha llevado a prácticas clientelares y a la fragmentación de los actores sociales de acuerdo con su posición en relación al proyecto. Incluso se ha llegado a la criminalización de las movilizaciones sociales. Entonces es necesario conocer la estructura de la organización comunitaria, abrir canales de diálogo desde lo colectivo, y realizar actividades de vinculación auténtica, transparente, e informativa, con la comunidad. 

Segundo, es indispensable tener una visión de cómo se vinculan las comunidades con la naturaleza. ¿Es parte de su identidad, de su cultura? ¿Qué visión predomina sobre la protección de los recursos y sobre su valoración? En otras palabras, el manejo de proyectos debe ser acorde a las configuraciones sociales, culturales, y territoriales locales—no únicamente basado en la realización de estudios técnicos.  

Tercero, es necesario que el sector privado y público contribuyan a la diversificación de la economía en las comunidades, más allá de la economía extractiva. Es necesaria la creación de fuentes de empleo permanentes con vinculación al proyecto, pero tanto a las empresas como al gobierno les corresponde propiciar actividades económicas que conduzcan al desarrollo, más allá, por ejemplo, de salvaguardar instalaciones, y para las cuales se provea un entrenamiento técnico y profesional. El aspecto de la generación de empleos ha sido utilizado dentro del discurso como uno de los principales beneficios de proyectos energéticos, pero en muchos casos, los actores comunitarios la consideran como una oferta incumplida por las instituciones públicas y empresas privadas. Los frutos del desarrollo deberían observarse clara e inequívocamente, ahí donde las comunidades han aprobado los procesos de extracción. No a manera de dádivas, sino de auténtico desarrollo social. 

P: En América Latina se observa cada vez más protesta social contra conflictos extractivos. ¿A qué corresponde tanta protesta hacia gobiernos democráticamente elegidos? 

R: Por un lado, es verdad que una demanda creciente de energía ha llevado al desarrollo de más proyectos. Sin embargo, en la raíz de las propuestas están las promesas incumplidas de la democracia, que desafortunadamente no ha garantizado un desarrollo inclusivo y sustentable en la región. La seguridad energética y la lucha contra el cambio climático requieren construir propuestas que reconozcan las condiciones materiales de las personas, sus formas plurales de gobernanza, sus relaciones sociales, y su historial de discriminación y despojo a través de las décadas. En el fondo de las protestas sociales están las promesas incumplidas de la democracia y distintas maneras de entender el desarrollo. La que debe prevalecer es una visión de justicia ambiental, en la que el desarrollo no deje a nadie atrás. 

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