Miembros del grupo de trabajo del Diálogo discuten la adaptación climática en el Triángulo Norte con funcionarios estadounidenses

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Foto: Gastón Ocampo / Diálogo Inter-Americano

A medida que los efectos del cambio climático aumentan por todo el mundo, los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) se enfrentan a una vulnerabilidad desproporcional ante graves fenómenos meteorológicos y otras amenazas como lo son la sequía y la inseguridad alimentaria. Dicha vulnerabilidad contribuye a una creciente crisis humanitaria en una región ya asolada por la pobreza, la desigualdad y la violencia, causando así que se potencien los motores migratorios, incluso aquellos dirigidos hacia los Estados Unidos. En respuesta a este desafío, el Grupo de Trabajo del Diálogo Interamericano sobre el Cambio Climático en el Triángulo del Norte convocó a un conjunto de personas con perspectivas diversas para preparar una serie de informes con recomendaciones para políticas públicas. Estas publicaciones, dos de las cuales ya publicadas (la primera aquí y la segunda aquí), y una tercera a ser publicada a la brevedad, esbozan los efectos del cambio climático en sectores clave y en comunidades vulnerables, ofreciendo recomendaciones para que Estados Unidos pueda abordar algunas de las principales causas de la migración regional.   

Los días 4 y 5 de mayo, una delegación de miembros del grupo de trabajo viajó a Washington, DC para compartir sus ideas y recomendaciones con funcionarios de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) (tanto el Grupo de Trabajo del Triángulo Norte como la Oficina de Desarrollo Sostenible Regional para Latinoamérica y el Caribe); la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC); el Departamento de Estado (Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental) y la Oficina del Enviado Especial Presidencial para el Clima. Participó también personal del Congreso de los Estados Unidos, incluidos representantes del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y de otras oficinas, incluida la del Senador Tim Kaine, presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental del Senado. 

La delegación estaba conformada por:   

• María Eugenia Brizuela de Ávila, directora de Inversiones Visión y ex ministra de relaciones exteriores de El Salvador;    
• Lola Cabnal, miembro de la Mesa Indígena de Cambio Climático de Guatemala (MICCG);   
• José Daniel Madrigal, director de relaciones públicas y miembro fundador de la organización juvenil del clima Sustenta Honduras;    
• Miriam Miranda, coordinadora general de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH); y   
• Patricia Orantes, fundadora y codirectora del Movimiento Semilla de Guatemala y ex secretaria de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala (SEGEPLAN).    

Las reuniones se iniciaron con una presentación de las conclusiones del proyecto del grupo de trabajo a cargo de Lisa Viscidi, non-resident senior fellow y gerente principal de la práctica de gobierno y servicios públicos de Deloitte, y MK Vereen, asistente del Programa de Energía, Cambio Climático e Industrias Extractivas del Diálogo Interamericano. Esta presentación fue seguida por una sesión de preguntas y respuestas con los miembros del grupo de trabajo, moderada por Nate Graham, director interino del Programa de Energía, Cambio Climático e Industrias Extractivas.   

En el transcurso de estos intercambios, los miembros del grupo de trabajo destacaron que las cuestiones políticas y económicas estructurales constituyen barreras subyacentes centrales a la adaptación al clima. Entre ellos se encuentran las asimetrías de poder político y económico y la corrupción generalizada que ha capturado las débiles instituciones públicas en favor de los intereses extractivos y criminales. Señalando cómo estos problemas han debilitado los esfuerzos de conservación, han impulsado el aumento de la deforestación y la inseguridad de la tierra y han criminalizado el activismo medioambiental, los miembros del grupo de trabajo pidieron que los Estados Unidos ejerza su influencia para erradicar la corrupción política como requisito previo a una adaptación climática eficaz.       

El grupo de trabajo también recomendó aumentar el compromiso directo con los gobiernos locales—dado el reto subyacente de trabajar con los gobiernos nacionales—y con organizaciones de la sociedad civil. Estas últimas, a menudo, carecen de capacidades técnicas y financieras para ejecutar proyectos de adaptación o incluso para acceder a fuentes de financiación, a pesar de poseer el mayor conocimiento sobre cómo las comunidades y los grupos marginados pueden y deben adaptarse a los impactos climáticos. La falta de movimientos medioambientales cohesivos e intersectoriales también ha debilitado y fragmentado los esfuerzos por mejorar la gestión de la tierra y el agua y proteger los recursos naturales de la región de forma que se fomente la resiliencia. Estados Unidos podría mejorar esta problemática por medio de apoyo sobre espacios de diálogo y coordinación. El grupo de trabajo también recomendó la creación de incubadoras como forma de desarrollar la capacidad de las organizaciones climáticas juveniles, que no siempre están incluidas en la mesa, para abogar por una respuesta más inclusiva y sólida a la crisis climática.    

Los miembros del grupo de trabajo también hicieron hincapié en la necesidad de aumentar la formalización económica y democratizar el acceso a la financiación en la región. La economía de la región está marcada por los altos niveles de informalidad (más del 75 por ciento) y una grave desigualdad y concentración de la riqueza. Mejorar estas condiciones es fundamental para impulsar el crecimiento sostenible y proporcionar una red de seguridad social cuando pasen desastres. Esto es especialmente urgente para las mujeres, los jóvenes y las comunidades indígenas. Los miembros del grupo de trabajo citaron las pérdidas no recuperadas de los huracanes Mitch, Eta e Iota como ejemplos que destacan la especial vulnerabilidad financiera a la que se enfrentan estos grupos a la hora de recuperarse de una catástrofe.  

Las comunidades indígenas también se enfrentan a un mal acceso a la educación, falta de oportunidades de empleo, inseguridad de los derechos sobre la tierra y a la dependencia de la agricultura de subsistencia, lo cual obstaculiza su capacidad de resiliencia y, a su vez, impulsa la migración. Según los miembros del grupo de trabajo, la inversión en educación en las comunidades indígenas es una necesidad y podría incluir contenidos específicos para la adaptación, como la gestión del suelo y otras prácticas agrícolas resilientes. El grupo de trabajo subrayó la necesidad de trabajar directamente con las comunidades indígenas y de desarrollar su capacidad financiera y técnica de forma que se respete su cultura e identidad y se aprovechen sus conocimientos tradicionales.

En respuesta a estos puntos, los funcionarios estadounidenses que participaron en las reuniones afirmaron su interés en comprender las necesidades de los países y comunidades del Triángulo Norte, así como en ampliar los esfuerzos existentes de Estados Unidos para aumentar la resiliencia de la región ante el cambio climático. También se expresó el deseo de seguir interactuando con los miembros del grupo de trabajo y de identificar formas concretas de afrontar los problemas debatidos. Esta colaboración es esencial y representa una oportunidad para un mayor liderazgo de Estados Unidos en la región. Además, la necesidad de esta colaboración será cada vez más relevante a medida que la crisis climática se agrave y el Triángulo Norte se enfrente a riesgos cada vez mayores.