La pandemia de Covid-19 y política penitenciaria en América Latina

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El 14 de abril de 2021, el Diálogo Interamericano organizó el evento en línea “La pandemia de Covid-19 y política penitenciaria en América Latina”. El panel discutió un nuevo informe publicado por el Programa de Estado de Derecho Peter D. Bell del Diálogo Interamericano, y escrito por María Luisa Romero, Luisa Stalman y Azul Hidalgo Solá, que examinó cómo la pandemia del Covid-19 ha impactado la política penitenciaria en América Latina. El evento fue moderado por Michael Camilleri, director del Programa de Estado de Derecho Peter D. Bell del Diálogo Interamericano, y contó con análisis de Nathalie Alvarado, jefa del área de seguridad ciudadana y justicia del Banco Interamericano de Desarrollo; Sara Vera López, asesora para América Latina y monitoreo de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT); María Luisa Romero, miembro del Diálogo Interamericano, ex ministra del Gobierno de Panamá, y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas; y Susana Silva, presidenta del Consejo Nacional Penitenciario de Perú (INPE).

Camilleri describió la motivación del informe, resaltando que muchas de las condiciones precarias que ya existían en centros penitenciarios en América Latina, como el hacinamiento, tenían el potencial de exacerbar el contagio del Covid-19 y presentar un desafío urgente a los administradores penitenciarios. Romero señaló las conclusiones generales del informe, explicando que la pandemia fue un catalizador para reformas muy necesarias, ya que obligó a las autoridades a movilizarse rápidamente para mitigar cualquier riesgo futuro de contagio. Ella enfatizó que muchas de las medidas que fueron implementadas durante la pandemia, como incrementar raciones de comida y mejorar acceso a agua potable, deberían de ser una prioridad incluso sin una pandemia. Sin embargo, la crisis de salud demostró que cuando los gobiernos tienen la voluntad política y la urgencia para hacer algo, pueden actuar rápidamente. Aunque Romero explicó que menos del 5 por ciento de la población penitenciaria fue excarcelada debido a políticas implementadas como una consecuencia directa de la pandemia, estos esfuerzos dejaron un precedente importante de que sí es posible reducir las poblaciones penitenciarias y explorar medidas punitivas alternativas – un modelo que ojalá informará políticas penitenciarias en el futuro después del Covid-19.

Camilleri resaltó los esfuerzos que ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde el principio de la pandemia para facilitar diálogo regional, así administradores de las penitenciarias y funcionarios del gobierno podían compartir desafíos y sus respuestas a la pandemia del Covid-19 en el contexto penitenciario. Alvarado comentó que las “prisiones son espacios olvidados” para la mayoría de la población, pero que después de motines de gran repercusión mediática debido a la suspensión de visitas familiares y falta de medidas de protección, los líderes políticos tuvieron que poner más atención. Citando datos del BID, Alvarado explicó que el 58 por ciento de los prisioneros no tenían una cama, 20 por ciento no tenía acceso a agua potable y el 29 por ciento no recibió ningún tipo de atención médica. El BID logró reunir a funcionarios de más de 16 países, al igual que al presidente de la Cruz Roja, para un diálogo temprano en el cual los funcionarios identificaron un marco común para la política penitenciaria durante la pandemia. Alvarado observó que esta participación podría ser un indicador para foros similares en el futuro, con el propósito de analizar qué medidas implementadas durante el Covid-19 fueron las más efectivas y deberían permanecer incluso después de la pandemia.

López explicó las medidas han sido implementadas en América Latina para mejorar las condiciones en las penitenciarías durante la pandemia. Describió cómo medidas para reducir el hacinamiento fueron impulsadas por los gobiernos, pero no incluyeron los procesos correspondientes para ayudar a las personas recientemente excarceladas a obtener empleo y vivienda. Ella señaló que mayor cooperación interinstitucional es necesaria para crear políticas sostenibles que incorporen los puntos de vista de mecanismos de prevención de tortura, personas privadas de libertad y sus familias, y grupos defensores. Ambas López y Romero concordaron que la pandemia resaltó la necesidad de crear medidas preventivas – no reactivas – para mejorar condiciones en las prisiones. Romero argumentó que la pandemia demostró que es necesario pensar en el encarcelamiento más allá de verlo como la primera y última solución penal, ya que el hacinamiento viola los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y pone en peligro a la salud pública de su comunidad. Ella notó que muchas de las personas que fueron excarceladas temprano debido a políticas implementadas durante la pandemia no deberían de haber estado encarceladas en primer lugar. Alvarado señaló cómo algunas medidas que fueron implementadas por ciertos países de la región, como controles de temperatura y protocolos más estrictos para las visitas, al igual que el aprovechamiento de herramientas digitales para la telemedicina y educación virtual, fueron exitosos en prevenir la propagación del virus y en permitir a las personas privadas de su libertad tener contactos sociales, algo esencial para su rehabilitación.

Como muchas de estas medidas requieren bastante voluntad política, Camilleri le preguntó a Romero acerca del costo político de implementar reformas penitenciarias, y cómo estos costos podrían afectar el progreso a futuro. Romero explicó que en general las prisiones son la “última prioridad” para los gobiernos, ya que la opinión pública tiende a concentrarse en los aspectos punitivos y no reformadores de las prisiones. Ella enfatizó lo necesario que es centrar a los derechos humanos en cualquier política penitenciaria, y lo importante que es educar al público en por qué el encarcelamiento no es y no debería ser la única manera de que personas que no presentan un riesgo a otros sirvan una sentencia. Ella alentó a gobiernos a promocionar estas políticas como unas que últimamente benefician a toda la comunidad, reiterando que “la salud en prisiones es un tema de salud pública”, y que prevenir que el sistema penitenciario esté sobrecargado es beneficioso para la sistema de salud pública en general.

Finalmente, las panelistas discutieron las maneras en que gobiernos, grupos de sociedad civil y organismos internacionales pueden colaborar para mejorar las debilidades sistemáticas en los sistemas penitenciarios. Silva describió cómo las administraciones penitenciarias son en general entidades administrativas y no políticas, y que canalizar voluntad política mediante campañas de concientización al igual que promover la idea que reducir el hacinamiento es un tema de salud pública que podría ayudar a apoyar a funcionarios con metas de reformas más ambiciosas. Romero resaltó cómo organismos internacionales ya han tenido un rol crucial abogando por las personas privadas de su libertad durante la pandemia, y que estos deberían de colaborar más con grupos de sociedad civil y gobiernos para formular políticas integrales que lidian con temas de derechos humanos. Romero terminó la discusión de manera positiva, comentando que “si cada crisis es una oportunidad, nuestra experiencia durante el último año nos demuestra que las medidas que se han tomado respondiendo a la crisis tienen un potencial enorme para bien si las mantenemos.”

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