Este informe del Programa de Estado de Derecho Peter D. Bell sostiene que las reformas en las prisiones que fueron adoptadas por necesidad durante la pandemia, algunas que eran consideradas políticamente inaceptables antes de la emergencia de Covid-19, dejan lecciones importantes y en algunos casos son prueba de los cambios que desde hace tanto se requieren en las políticas penitenciarias. Partiendo de este universo de pruebas y experiencias, los gobiernos de América Latina pueden y deben movilizarse para abordar las debilidades sistémicas en sus sistemas penitenciarios a través de la región y adoptar políticas que respeten los derechos humanos y que protejan los intereses de la sociedad en general de maneras más efectivas. Las decisiones en políticas públicas tomadas durante y en respuesta a la pandemia podrían muy bien definir la política penitenciaria y criminal en América Latina en un futuro cercano. Covid-19 ha demostrado claramente una realidad que debería de ser el punto de partida para un nuevo tipo de reforma: las prisiones y la sociedad son intrínsecamente interdependientes y afrontan riesgos y responsabilidades compartidos.
RECOMENDACIONES CLAVES:
La salud penitenciaria es salud pública. La pandemia de Covid-19 ha recalcado que las condiciones en las prisiones en América Latina, como el hacinamiento, la falta de acceso a productos de higiene, la ventilación deficiente, la nutrición inadecuada, e infraestructura deteriorada representan desafíos importantes para la salud pública. También ha enfatizado los costos posibles de salud pública como consecuencia del encarcelamiento excesivo.
Los estados pueden y deben movilizarse para mejorar las condiciones en las prisiones. Confrontados con la amenaza grave e inminente que Covid-19 significó para la población penitenciaria y general, varios países en América Latina presentaron iniciativas para abordar algunas de las vulnerabilidades en sus sistemas penitenciarios. En particular, las medidas para reducir el hacinamiento fueron diversas y provinieron de los tres poderes del Estado. En un área en la cual los administradores penitenciarios trabajan solos con demasiada frecuencia, el involucramiento de las ramas legislativas y judiciales para buscar respuestas viables a la pandemia en este contexto ha sido alentador. Aún si insuficientes, estas medidas para reducir el hacinamiento no tienen precedente y merecen más estudios y análisis.
Los gobiernos necesitan replantear la importancia de reducir el hacinamiento. La pandemia de Covid-19 resaltó lo que ha sido reiterado por expertos de justicia criminal y derechos humanos – el hacinamiento no solo viola los derechos de las personas privadas de su libertad, sino que también es extremadamente peligroso para la salud pública. Covid-19 es una llamada de alerta para los gobiernos de la región para que reconsideren las leyes, políticas y prácticas que han resultado en estos niveles tan altos de hacinamiento y prisiones con condiciones inhumanas.
La tecnología debería usarse para complementar aspectos importantes de la vida en las cárceles. La crisis puede y debe provocar innovación. Este ha sido el caso para los sistemas penitenciarios en la región que han intentado mitigar los peores efectos de las restricciones de contacto con el mundo exterior, al usar tecnología para proporcionar medios alternos de comunicación. La tecnología puede también ser beneficiosa y debería ser explorada para intentar mitigar otras consecuencias colaterales del confinamiento, como la falta de programas educativos y de rehabilitación eficientes y suficientes, al igual que la atención médica deficiente.
Se requiere mayor transparencia sobre el impacto de las políticas penitenciarias relacionadas con la pandemia. Antes de la pandemia de Covid-19, ya era difícil acceder a estadísticas e información de varios sistemas penitenciarios en la región. Durante la pandemia, que requiere un escrutinio hasta más detenido del sistema, ha habido una falta preocupante de datos completos y actualizados, al igual que reportes escasos de los Estados con relación al impacto de Covid-19 en las cárceles. Por ejemplo, la mayoría de los países no han publicado información disponible al público acerca del impacto de las medidas que han sido adoptadas para mitigar el impacto de Covid-19 en los contextos penitenciarios, incluyendo la cantidad de prisioneros puestos en libertad, lo cual dificulta su evaluación.
Más investigación y análisis es necesario para diseñar y formular políticas penitenciarias. La investigación y la ciencia tienen que ser parte de la solución para que una transformación profunda se lleve a cabo. Aún mientras nos mantenemos en medio de la pandemia, un plan de trabajo que detalle áreas que requieran mayor investigación puede ayudar a asegurar que aprendamos las lecciones correctas. El conocimiento adquirido debería usarse entonces para diseñar mejores políticas públicas y construir sistemas penitenciarios más efectivos y que respeten los derechos humanos. Este plan de trabajo debería incluir: mayor análisis del impacto de Covid-19 en las prisiones a través de la región, un análisis comparativo de las diferentes medidas adoptadas por países y sus impactos, y más intercambio de información y cooperación entre los países de América Latina en torno al impacto de Covid-19 y sus prioridades para futura reforma de políticas públicas.
El informe fue escrito principalmente por María Luisa Romero, miembro del Diálogo Interamericano, ex Ministra del Gobierno de Panamá y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas. Romero escribió el informe a título personal. El informe fue escrito en coautoría por Luisa Stalman, estudiante en la Universidad de Duke, y Azul Hidalgo Solá, estudiante en la Universidad de George Washington. Stalman e Hidalgo son ex pasantes del Programa de Estado de Derecho Peter D. Bell.
Este informe es posible gracias al apoyo de la Fundación Ford.
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