Seguridad Ciudadana en América Latina y el Caribe: Desafíos e Innovación en Gestión y Políticas Públicas en los Últimos 10 Años

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América Latina y el Caribe (ALC) vienen librando una guerra de baja intensidad, pero con alta mortalidad y exorbitantes costos económicos, sociales y políticos. Pese a que la región no registra conflictos armados activos, ostenta altos niveles de violencia con la tasa de homicidios más alta del mundo: 22,3 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2015, en comparación al promedio global de 5,3. Esta situación crítica ha creado un estado de alarma social, convirtiendo a la seguridad ciudadana en uno de las preocupaciones más alarmantes y convirtiéndola en una prioridad política. 

En la última década, los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe han avanzado hacia una gestión sistémica de los problemas de la Seguridad Ciudadana y Justicia integrando estrategias de prevención y control del crimen y la violencia, la aplicación de justicia y la reinserción social. Pasamos de abordajes de naturaleza reactiva y represiva, al diseño y la instrumentación de modelos que apuestan por la integralidad, los derechos humanos y la coordinación multisectorial. Asimismo, las instituciones de seguridad se descentralizaron para incluir múltiples actores institucionales y sociales en los distintos niveles de gobierno. Además, en materia de políticas públicas, se impulsó la utilización de un abanico de herramientas de gestión por resultados, coordinación, planificación, financiamiento y evaluación de programas. Desafortunadamente, los avances conceptuales y doctrinarios no se han incorporado con la velocidad necesaria para atender los altos niveles de crimen y violencia que enfrenta la región. Los cuatro principales desafíos institucionales que trae consigo el nuevo paradigma de la seguridad ciudadana son: i) la integralidad, ii) la multisectorialidad, iii) la rigurosidad, y iv) la sostenibilidad y escalabilidad. En el presente documento se formulan diez recomendaciones que apuntan al desarrollo de acciones que aceleren la transformación de la gobernanza de la seguridad.

   

Recomendaciones claves:

  • La evidencia indica que la seguridad ciudadana y la justicia requieren un sistema especializado de gestión con visión estratégica y liderazgo.
  • Políticas públicas de Seguridad y Justicia con equilibrio entre acciones preventivas y de control demuestran tener un mayor efecto en la reducción del crimen.
  • Mecanismos de rendición de cuentas son elementos clave en la generación de legitimidad.
  • La calidad eficiente de políticas públicas en seguridad ciudadana y justicia depende de la efectiva asignación de recursos humanos y financieros.
  • La gestión eficiente de políticas públicas en el sector depende de la calidad de la información y del acceso a conocimiento aplicado.
  • Propiciar la utilización del enfoque de ciclo de las políticas públicas para el análisis de las decisiones en materia de seguridad ciudadana y planificar su sostenibilidad y escalabilidad.
  • Promover la formación de gestores especializados en la seguridad ciudadana y la justicia, que estén facultados para integrar la visión integral, multisectorial y sostenible de las intervenciones.
  • Reforzar el aprendizaje e intercambio de experiencias entre pares, especialmente entre representantes de los gobiernos subnacionales y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito local.
  • Promover el intercambio y la apropiación de experiencias exitosas que hayan demostrado ser eficientes a la hora de superar la desarticulación y favorecer la coordinación interinstitucional e intersectorial, a todos los niveles.
  • Promover una gobernanza participativa que incentive la incorporación de la sociedad civil en todas las etapas del ciclo de las políticas públicas, mediante arreglos institucionales debidamente diseñados para tal fin.

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