Covid-19 y la libertad de expresión en las Américas

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La libertad de expresión es la piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es indispensable para la formación de la opinión pública, para el conocimiento científico, y para que la sociedad esté suficientemente informada y sea, por lo tanto, verdaderamente libre. Esto es así en tiempos normales y tal vez aún más en tiempos extraordinarios como la presente emergencia sanitaria global causada por la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, utilizando como excusa la respuesta a la Covid-19, Estados en las Américas han usado leyes nuevas o ya existentes para criminalizar la libertad de expresión y han tomado medidas que restringen el trabajo de periodistas, activistas, profesionales de la salud y otros ciudadanos. La decisión de algunos Estados y funcionarios de restringir la libertad de expresión y el acceso a la información contrasta con la de otros gobiernos nacionales y sub nacionales en las Américas que han tomado medidas para enfrentar la pandemia sin recurrir a la censura, así como gobiernos que corrigieron sus errores iniciales para garantizar que sus políticas de salud pública fueran compatibles con la libertad de expresión.

Este informe del Programa de Estado de Derecho Peter D. Bell del Diálogo Interamericano y Edison Lanza, experto en libertad de expresión y actual Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, provee un análisis sucinto de los acontecimientos en materia de libertad de expresión en las Américas en los primeros meses de la pandemia de la Covid-19.

TRES TENDENCIAS PREOCUPANTES:

  1. Mayor presión contra periodistas y medios de comunicación, incluyendo daño personal y acoso, arrestos y persecuciones y un ambiente de trabajo cada vez más difícil. Los gobiernos tienen el deber de asegurar que el periodismo se desarrolle y cumpla con su rol esencial durante la pandemia, ya que proteger a la prensa es proteger el derecho de los ciudadanos a la información. Los periodistas y medios de comunicación, así como los profesionales de la salud y expertos relevantes, deben poder hablar e informar libremente acerca de la Covid-19, incluyendo perspectivas críticas de las respuestas gubernamentales, sin miedo ni censura.
  2. Límites a la transparencia y el acceso a la información. Los estados tienen obligaciones activas y pasivas en materia de transparencia gubernamental. En el contexto de la Covid-19, esto incluye el deber de informar proactivamente y en detalle acerca del impacto de la pandemia y el gasto de emergencia, así como evitar la imposición de límites al acceso a la información pública o restricciones arbitrarias sobre el acceso de los periodistas a fuentes oficiales.
  3. Información errónea y desinformación, en ocasiones difundidas por funcionarios públicos. La difusión de información falsa en internet acerca de la pandemia de Covid-19 llevó a la OMS a referirse a la emergencia sanitaria como una “infodemia” y una “sobreabundancia de información, a veces correcta y a veces no, que hace difícil que la gente encuentre fuentes y consejos confiables cuando los necesita.» Los gobiernos y las plataformas de internet tienen el deber de rebatir y ser transparentes acerca de la información errónea sobre de la pandemia.

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