Voces de la pandemia – la libertad de expresión y Covid-19

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El 20 de mayo de 2020, el Diálogo Interamericano, Global Affairs Canada, y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentaron el evento en línea, “Voces de la pandemia – la libertad de expresión y Covid-19” para discutir las implicaciones de la pandemia sobre la libertad de expresión y desinformación en las Américas, especialmente a la luz de las medidas de emergencia adoptadas en el hemisferio que limitan los derechos humanos y el acceso a la información. Este evento en línea fue moderado por Michael Camilleri, director del Programa de Estado de Derecho del Diálogo.

Hugh Adsett, embajador y representante permanente de Canadá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), comenzó el evento con palabras de apertura. Sus comentarios se refirieron a la importancia de que los periodistas puedan comunicar de manera libre e independiente información creíble durante la pandemia, ya que su trabajo brinda a los gobiernos y otras organizaciones información valiosa sobre cómo abordar la crisis. Adsett también describió el liderazgo global de Canadá en materia de libertad de expresión, sirviendo como copartícipe con el Reino Unido de la “Global Conference for Media Freedom” el año pasado, que condujo al establecimiento de la “Media Freedom Coalition.” El compromiso de Canadá con la OEA en estos temas es crucial para avanzar la cooperación multilateral y abordar los desafíos regionales asociados con la promoción de la libertad de los medios.

Los países de América Latina han visto diferentes niveles de desprecio por las libertades fundamentales en nombre de prevenir la propagación de Covid-19. Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión del Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), describió varias tendencias que la CIDH ha observado en la región. La primera es el establecimiento de un “estado de excepción,” en referencia a la decisión del estado de trascender la ley y los derechos humanos a favor del bien público. Si bien esta medida brinda a los gobiernos la capacidad de responder más rápidamente a la pandemia, también ha dado a los estados represivos la excusa para restringir el acceso público a la información y la libertad de expresión, lo que Lanza declaró que era contra producente para el objetivo de prevenir la propagación del virus. Como ejemplo, hizo referencia a la decisión del gobierno interino de Bolivia de criminalizar la desinformación, una medida represiva que amenaza al periodismo independiente.

Panelists on the Zoom webinar "Voice in the Pandemic"Rachael Kay, director ejecutivo adjunto de IFEX, repitió las declaraciones anteriores sobre las respuestas de los gobiernos a la pandemia, afirmando que los miembros de IFEX han descrito las restricciones a las libertades en muchos estados de la región como “arbitrarias” y “utilizadas para violar los derechos.” Explicó el intercambio selectivo de información oficial sobre números de casos, pruebas y otros datos relevantes de salud pública de los niveles más altos de gobierno en países como Brasil, Nicaragua y Venezuela. Las conferencias de prensa virtuales han brindado a los líderes la oportunidad de esquivar preguntas incómodas, lo que demuestra una clara falta de transparencia. Finalmente Kay apoyó el punto de Lanza sobre la suspensión del acceso a la información en países como Brasil, México, Honduras y El Salvador. La mayoría de los países que han implementado medidas extremas para reducir los derechos humanos son aquellos sobre los que IFEX ya ha expresado preocupación, una muestra de que la pandemia solo está exacerbando las tendencias existentes.

Frank La Rue, director de defensa y derechos humanos de Fundamedios y ex relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, también se centró en el uso erróneo de los “estados de excepción” por parte de los gobiernos para restringir las libertades civiles con fines políticos. En términos de acceso a la información, muchos gobiernos han impedido que los ciudadanos accedan directamente a los datos de salud pública y a la toma de decisiones al limitar las conferencias de prensa y desafiar abiertamente a los periodistas. La Rue describió la importancia de la rendición de cuentas para mostrar al público y a la comunidad internacional que los recursos se están utilizando de manera eficiente y efectiva para prevenir muertes y fortalecer la respuesta general, ya que la confianza pública en las instituciones es notoriamente baja en toda la región.

El trabajo de las organizaciones de la sociedad civil es vital para mantener a los gobiernos bajo control y apoyar la libertad de expresión en una miríada de formas, pero las plataformas de redes sociales también juegan un papel esencial en la promoción del acceso a la información regulando un espacio para la difusión de información objetiva. Eleonora Rabinovich, gerente senior de asuntos gubernamentales y políticas públicas para el Cono Sur en Google, declaró que la misión de la compañía está firmemente alineada con el suministro de información justa y oportuna. Para combatir la desinformación sistemática, Google conecta a los usuarios con información útil y creíble a través de su motor de búsqueda, así como en aplicaciones como YouTube. Rabinovich también hizo referencia a las pautas de la comunidad en YouTube que se pueden usar para eliminar contenido que amenaza la seguridad de alguien, y pautas similares en otras aplicaciones de Google que limitan la información falsa o distorsionada. Finalmente, describió las formas en que Google está combatiendo la desinformación y promoviendo la libertad de expresión mediante el lanzamiento de un fondo para apoyar al periodismo local, así como a organizaciones que ayudan a periodistas.

Para concluir la sesión, los panelistas respondieron a las preguntas enviadas por miembros de la audiencia. Estas incluyeron temas como la criminalización de la desinformación en provincias brasileñas y la respuesta del gobierno nicaragüense al Covid-19. A la última pregunta, los panelistas respondieron que los gobiernos y las organizaciones regionales deben apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y presionar a Nicaragua para que deje de poner en peligro a sus ciudadanos.

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