Argentina: ¿Acudir al FMI será la salvación o el final de la agenda de reformas de Macri?

May 9 2018

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Luego de semanas de presión contra el peso, el 8 de mayo Mauricio Macri anunció el inicio de conversaciones con el Fondo Monetario International (FMI) para una línea de crédito. La decisión podría aplacar a los mercados financieros y darle tiempo al gobierno para continuar con su programa de reformas graduales. Pero el precio del acuerdo será alto: en la Argentina el FMI es acusado – con razón o no — de ser el principal responsable del colapso económico, social y político de diciembre de 2001.

El origen de la crisis financiera fue el movimiento de inversiones de corto plazo desde los mercados emergentes hacia las economías desarrolladas, en respuesta a la política de suba de tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Como resultado, las monedas de muchos países en desarrollo – incluyendo a la India, Rusia y Turquía – se devaluaron fuertemente frente al dólar. Esta turbulencia global se sintió en Argentina como una tormenta que puso en riesgo el gradualismo reformista de Macri.

Argentina es particularmente vulnerable a este shock externo por dos razones: primero, porque depende del endeudamiento para sostener su déficit de cuenta corriente; y segundo, por la reciente erosión de la confianza de los mercados acerca de la capacidad del gobierno para seguir implementando reformas económicas. Esta desconfianza se debe a factores económicos (como la alta inflación y una tasa de crecimiento esperada de solo 2% para este año) y políticos, incluyendo diferencias dentro de la coalición de gobierno acerca de la reducción de subsidios a los servicios públicos.

Cuando el peso saltó de 20 a 23 unidades por dólar en cuestión de días, el Banco Central intentó traer calma vendiendo más de 5 mil millones de dólares de sus reservas (alrededor de 10% del total) y luego subiendo la tasa de interés de referencia al 40%. Ambas medidas resultaron insuficientes. Como consecuencia de una historia de alta inflación, los precios en la economía argentina están informalmente ligados a la cotización del dólar, por lo que los ciudadanos son muy sensibles a la evolución del tipo de cambio. Si la devaluación continuaba, la inflación se habría acelerado aún más. A pesar de las promesas del gobierno, los precios subirán entre 20% y 24% este año, valores similares a los de 2017.

Cuando el Banco Central no pudo detener la corrida, y con el sector bancario como posible próxima víctima de la turbulencia, el gobierno tenía dos opciones: la primera era ponerle fin al gradualismo y lanzar amplios recortes presupuestarios para cerrar el déficit y evitar la necesidad de endeudarse en el exterior. Pero desde su asunción, Macri argumenta que una restructuración radical de la economía sería socialmente dolorosa y políticamente suicida. La segunda opción, entonces, era conseguir una fuente de financiamiento relativamente barata que diera al Banco Central el poder de fuego que necesitaba para contener la corrida. El FMI puede ofrecer esta asistencia a tasas moderadas, pero el alto costo que deberá pagarse es político.

Si bien muchos países latinoamericanos implementaron programas de ajuste structural defendidos por el Fondo en los 80 y 90, el FMI es particularmente odiado en la Argentina. Desde su llegada al poder en 2003, Néstor y Cristina Kirchner culparon al organismo por el alto endeudamiento y la desregulación económica que precedieron a la crisis de 2001, una visión que comparte la mayoría de la población. La decisión de Macri de acudir al FMI, entonces, toca una fibra sensible de la historia argentina, y trae recuerdos del colapso de principios de los 2000.

El gobierno y la mayoría de los analistas consideran que una línea de crédito del FMI (se habla de 30 mil millones de dólares a una tasa del 4%) tranquilizaría a los mercados y le daría al gobierno el tiempo que necesita para seguir con sus reformas paulatinas. Un acuerdo con el Fondo, sin embargo, podría complicar las relaciones con la oposición peronista moderada, que hasta ahora ha estado dispuesta a negociar con Macri y aprobar sus reformas en el Congreso. Por ejemplo, el 9 de mayo Diputados aprobará una reforma a la ley de mercado de capitales, un pedido del gobierno para facilitar el acceso de las empresas al crédito.

Sin embargo, los peronistas de todas las facciones se unirán para también aprobar un proyecto que congela la suba de tarifas de servicios públicos. Macri anunció que vetará esa ley si pasa el Senado. Con la popularidad del presidente en 40%, la más baja desde su asunción, la turbulencia financiera y la decisión políticamente costosa de acudir al Fondo probablemente refuerce al peronismo hacia las elecciones presidenciales de 2019. Además, dado que Cambiemos --la coalición de gobierno—está en minoría en ambas cámaras, necesita el apoyo de peronistas moderados para aprobar el acuerdo con el FMI, lo cual no será gratis.

El mejor escenario sería que el FMI le extienda a la Argentina una Línea de Crédito Flexible (FCL), un tipo de asistencia no condicional reservada a “países con fundamentos económicos y trayectoria de políticas sólidos”. México y Colombia son los únicos países con FCLs aprobados. El Fondo parece haber aprendido de su rol en las crisis de los 2000s, y la directora gerente Christine Lagarde expresó su voluntad de llegar a un acuerdo rápido. Pero aún está por verse si el staff técnico y el directorio del FMI son igual de comprensivos hacia la Argentina. Dada la historia y los desafíos del país, el FMI podría preferir otorgar una Línea de Precaución y Liquidez (PLL), que tiene menos requisitos que un FCL pero incluye revisiones periódicas y condiciones a la política económica del país receptor. Aceptar esta opción pondría al gobierno de Macri ante una situación política sumamente delicada. Condiciones estrictas del Fondo – por ejemplo, recortes amplios al gasto público – energizarían a la oposición e irían en contra del objetivo del gobierno de usar el crédito del FMI para reforzar su enfoque gradualista.

El pasado marzo, Macri anunció ante el Congreso que “lo peor ya pasó”, argumentando que tras algunas reformas dolorosas la Argentina había entrado finalmente en una etapa de crecimiento sostenido y baja inflación. Solo dos meses después, ese análisis optimista está en ruinas. Irónicamente, el factor clave fue la pérdida de confianza por parte de los mercados financieros internacionales, que tanto aplaudieron a Macri desde su asunción al igual que los analistas extranjeros. La actual crisis demuestra que resolver los numerosos y complejos problemas económicos de la Argentina va a llevar mucho más tiempo del que se creía. Los observadores domésticos y externos deberían ajustar sus expectativas a esta realidad. Macri espera que la línea de crédito del FMI le de a la economía el tiempo que necesita para estabilizarse a tiempo para las elecciones de 2019. Es una apuesta arriesgada. Acudir al impopular FMI podría darle al presidente el oxígeno que necesita para seguir con las reformas y ganar la reelección, o ser el principio del fin para el experimento gradualista en la Argentina.