Eliminar el estatus de protección podría ser contraproducente para Estados Unidos
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La decisión del Departamento estadounidense de Seguridad Nacional de no renovar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) a casi 200.000 migrantes provenientes de El Salvador es el intento más reciente del presidente Donald Trump para restringir la inmigración legal e ilegal. Los antecedentes de este cambio son los mismos fallos del año pasado respecto de haitianos y nicaragüenses. Sin embargo, los salvadoreños son el grupo más grande de beneficiarios del TPS: aproximadamente dos tercios de los beneficiarios que quedaban.
Al igual que la decisión de terminar con el programa DACA, destinado a casi 800.000 personas indocumentadas que llegaron en su niñez a Estados Unidos, el anuncio de terminar el TPS tiene motivaciones políticas y quizá es un intento por satisfacer a la base de simpatizantes antiinmigrantes de Trump. Aunque la decisión de terminar un programa supuestamente temporal que no obstante duró más de diecisiete años podría sonar lógica, las consecuencias de un cambio tan grande serán serias e inmediatas, y quizá incluso contribuyan a un nuevo ciclo de inmigración ilegal.