Una conversación con el Ministro del Interior de Colombia

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El gobierno del Presidente Santos en Colombia ha buscado dar fin al conflicto de cincuenta años con las FARC durante sus dos administraciones. Las negociaciones que iniciaron en el 2012 se están llevando a cabo en La Habana bajo mucho escepticismo de parte de la oposición en Colombia. La población colombiana también se encuentra cada vez más polarizada sobre este tema: existen, aquellos que buscan la paz a toda costa en oposición a los que creen que esta paz no es legítima y que el gobierno está concediendo mucho al grupo clandestino. La seriedad y el compromiso de las FARC en el proceso de paz han sido cuestionadas después de haber roto un cese de fuego en Abril, establecido por ellos mismos cuatro meses antes. Ante la falta de confianza en el proceso, el Presidente Santos anunció un plazo de cuatro meses para evaluar el estado de las negociaciones y decidir si se continúan o no.

Juan Fernando Cristo, Ministro del Interior de Colombia desde Agosto del 2014, ofreció una discusión acerca del desarrollo del país en general y el papel que juega la negociación de la paz con las FARC. Cristo aseguró que la búsqueda de la paz se ha dado en base a la necesidad de reformas políticas y sociales, “La firma de la paz en La Habana será simplemente el principio de la construcción de la paz en Colombia” dijo el ministro. El gobierno de Colombia ha activado una serie de reformas para el desarrollo y la construcción de la paz. Primero, la reforma al régimen de regalías creó un sistema más eficaz y descentralizado de distribución de regalías. Segundo, la ley de víctimas y restitución de tierras provee un soporte legal y prioriza las áreas donde los miembros de las FARC se estarían reintegrando a la vida civil, lo cual es vital para la reconciliación en Colombia. Tercero, la reforma de equilibrio de poderes elimina la reelección, establece mecanismos para luchar contra la corrupción política y promueve una mejor administración de los recursos del sistema judicial. De acuerdo a Cristo, “se había creado una situación de concentración de poder excesivo en el ejecutivo y esta ley oxigena la democracia colombiana”. Estas reformas muestran la visión institucional de país hacia el futuro de parte del gobierno de Santos y serán esenciales en el post-conflicto.

En cuanto a las negociaciones en La Habana, Cristo cree que el Presidente Santos ha hecho lo que tenía que hacer en el momento indicado, aunque no fuera necesariamente lo más popular o lo más fácil. El conflicto pudiera haber continuado hasta que las FARC se debilitaran irreversiblemente, pero el gobierno optó por una estrategia menos beligerante que redujera el número de víctimas. Aunque el proceso ha perdido mucha de la confianza de la población colombiana, “el gobierno lo ha tratado con la mayor seriedad y planeación posible, llevando al frente los intereses de todo el país”, de acuerdo a Cristo. Actualmente se negocian los puntos más difíciles de la agenda, la justicia, el desarme y desmovilización de las FARC, a lo que Cristo comentó, “si no hay justicia, no hay acuerdo de paz. El tiempo de la amnistía en el mundo ya ha pasado.” La importancia del plazo de cuatro meses es que el gobierno está consciente que la paciencia se agota y que se deben acelerar las negociaciones. Sin embargo, Cristo está convencido que éste no es un ultimátum ya que es parte de una declaración conjunta con las FARC.

En cuanto al post-conflicto, Cristo asegura que las reformas activadas son parte crucial para lo que venga después de la firma de paz. Sin embargo, reclamó que “cada vez que el presidente se motiva y habla del post-conflicto, los críticos dicen que no se debe hablar de esa fase ya que no se ha firmado la paz”. El trabajo en el post-conflicto ya ha comenzado con la colaboración con campesinos para la erradicación de los cultivos ilícitos y la reparación de víctimas. Además, Cristo considera que “el gobierno debe estar listo para ocupar los espacios que ocupaban las FARC” para poder trabajar juntos hacia el empoderamiento de las comunidades y devolver la credibilidad y confianza a las instituciones del Estado.