¿Qué podemos esperar de la respuesta internacional a la crisis en Venezuela?
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Atlantic Council TV
En medio de la crisis de Venezuela y las próximas elecciones presidenciales de 2024, podría surgir una oportunidad potencial para una transición democrática. El creciente autoritarismo, los abusos contra los derechos humanos y una situación humanitaria desesperada subrayan la importancia crítica de abordar estos desafíos, así como de determinar oportunidades para que ocurra la transición. El Diálogo Interamericano junto con el Adrienne Arsht Latin America Center y Chatham House organizó un evento para discutir las consecuencias de la crisis en Venezuela de cara al 2024, un año clave en el que están programadas elecciones presidenciales.
Geoff Ramsey, investigador senior del Adrienne Arsht Latin America Center, resaltó que la combinación de una deficiente gestión económica, el creciente autoritarismo y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos ha llevado a millones de venezolanos a huir de su país en busca de mejores condiciones de vida. Ramsey destacó varios desafíos políticos, como la inhabilitación de figuras prominentes de la oposición, preocupaciones sobre transparencia electoral y que hay 281 presos políticos, según el Foro Penal Ramsey subrayó el papel crucial de la comunidad internacional para para asegurar elecciones creíbles en 2024 en lugar de un proceso amañado que otorgue a Maduro una apariencia de legitimidad.
En sus palabras de apertura, Francisco “Paco” Palmieri, chargé d’affaires de Estados Unidos en Colombia, hizo hincapié en que Estados Unidos está dispuesto a aliviar las sanciones contra Venezuela si el gobierno de Maduro toma medidas concretas para restaurar la democracia, incluyendo definir una fecha para elecciones libres y justas en 2024. Resaltó medidas que son urgentes, como la actualización del registro electoral, el establecimiento de condiciones para una misión internacional de observación electoral creíble y la liberación de presos políticos. También expresó preocupación sobre la creciente represión contra la sociedad civil y la inhabilitación de candidatos. Palmieri subrayó el papel vital de la comunidad internacional para abordar los problemas persistentes de Venezuela, que incluyen la crisis humanitaria, la deuda venezolana, y la presencia de organizaciones criminales transnacionales en el país. Elogió los esfuerzos del gobierno colombiano en defensa de un cronograma electoral claro, e instó a que se implementen las recomendaciones del informe de la misión electoral de la UE en 2021 y se agilice la implementación del fondo humanitario gestionado por las Naciones Unidas.
Chris Sabatini, investigador senior de Chatham House y moderador del panel, describió el empeoramiento de la situación en Venezuela. Destacó la disminución de las perspectivas de elecciones libres y justas, la firma de acuerdos con China y los persistentes desafíos de derechos humanos. Enfatizó la necesidad de que la comunidad internacional explore formas creativas para abordar la crisis en Venezuela.
Tamara Taraciuk Broner, directora del Programa sobre Estado de derecho del Diálogo, comenzó su presentación preguntando por qué un gobierno fuerte aferrado al poder estaría dispuesto a permitir elecciones justas. Dado el histórico rechazo de las autoridades venezolanas a hacer concesiones de manera voluntaria, resaltó la importancia de explorar cómo la rendición de cuentas puede ser usada como un incentivo para abrir la puerta para una transición. Esto implica no solo determinar quiénes deben rendir cuentas por sus acciones y los delitos cometidos después de una eventual transición, sino también evaluar el nivel de impunidad que es legal y viable para generar incentivos que faciliten una conversación sobre transición. Distinguió entre dos categorías de delitos cometidos en Venezuela: aquellos relacionados con violaciones de derechos humanos, que tienen límites claros en términos de impunidad prohibida para los delitos más graves, y aquellos relacionados con la corrupción, el crimen organizado y el tráfico de drogas, donde podría ser posible explorar beneficios judiciales a cambio de cooperación dentro de los límites del Estado de derecho. Concluyó enfatizando la necesidad de identificar a funcionarios gubernamentales o sus aliados dispuestos a ser recordados por haber respaldado una transición democrática en lugar de formar parte de un régimen represivo, la importancia de definir incentivos que se ajusten al Estado de derecho para que se produzca una conversación sobre transición y la necesidad de encontrar mecanismos para garantizar estos acuerdos para que la transición sea exitosa.
Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), subrayó la presencia de un gobierno autoritario en Venezuela como la causa fundamental de la crisis humanitaria, las violaciones de derechos humanos y el deterioro de las instituciones democráticas. Borges llamó la atención sobre estadísticas que revelan que hasta agosto de 2023, aproximadamente 19 millones de venezolanos necesitan urgentemente asistencia humanitaria y que 7,7 millones han huido del país. Señaló la ausencia de un sistema de justicia independiente e imparcial, lo cual ha afectado negativamente el contexto electoral y ha aumentado la violencia en el país. CEPAZ ha documentado al menos 385 casos de persecución en el primer semestre de 2023. Esta sombría realidad, según Borges, fomenta el miedo y el desánimo, lo que dificulta la participación activa de la población en las elecciones. Finalmente, Borges enfatizó el papel fundamental de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, que brindan apoyo a las víctimas de violaciones de derechos humanos, y subrayó la importancia de incluirla en todas las discusiones.
Rodrigo Naranjo, socio-director de VIPCapital, describió cómo Venezuela pasó de ser un exportador de petróleo a exportar a su población. Naranjo destacó el papel esencial del sector empresarial, que abarca tanto a empresas venezolanas como multinacionales, en las conversaciones sobre el futuro de Venezuela. Subrayó que el sector privado puede generar oportunidades de empleo para los millones de venezolanos que han abandonado el país y aumentar la producción. Destacó a las empresas multinacionales de petróleo como contribuyentes vitales debido a su conocimiento técnico, recursos financieros y capacidad para apoyar a la sociedad civil. Naranjo mencionó obstáculos que enfrentan las empresas en Venezuela, incluyendo problemas como la baja demanda, la tributación excesiva, la sobre regulación, el exceso de cumplimiento con sanciones internacionales, así como el acceso limitado a financiamiento, electricidad y gasolina.
Durante el periodo de preguntas y respuestas, las y los panelistas exploraron el papel de otros gobiernos en la región que pudieran apoyar una transición democrática y garantizar la rendición de cuentas en Venezuela. Además, la conversación profundizó sobre la participación de agencias internacionales de desarrollo, más allá de brindar asistencia humanitaria, y el papel del sector privado en promover el Estado de derecho y la democracia. Además, los y las participantes consideraron las perspectivas de elecciones genuinas en 2024 y examinaron el impacto del posible levantamiento de sanciones de Estados Unidos.