Invertir para una mejor educación
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Argentina cuenta desde diciembre de 2005 con la Ley de Financiamiento Educativo (26.075), un instrumento que modifico la estructura del financiamiento de la educación e introdujo cambios significativos en las relaciones políticas y financieras entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. Su principal objetivo es aumentar la inversión en educación, ciencia y tecnología, para alcanzar el 6% del Producto Bruto Interno (PIB) en un periodo de cinco años. Para lograr este incremento, la norma compromete con metas particulares de inversión al gobierno nacional, a los gobiernos de 23 provincias y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.