Cuba: el Congreso de la resistencia

˙ Voces

El traspaso generacional en la conducción política de Cuba ha tenido lugar sin mayores contratiempos. Paradójicamente, la salida de la generación histórica, aquella que acometió el triunfo de 1959, ha ocurrido con estabilidad, según lo pautado por el dispositivo transicional codificado por los propios “históricos”, y en medio de la mayor crisis nacional desde la caída del bloque del Este. Miguel Díaz-Canel es el nuevo Secretario General del Partido Comunista de Cuba (PCC). Entran al Buró Político el general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, jefe del poderoso Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) y exyerno de Raúl Castro, y el primer ministro Manuel Marrero Cruz. De los combatientes de la Sierra Maestra, solo queda en el Buró Político el general Álvaro López Miera, nuevo ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Marino Murillo Jorge, poderoso zar de las reformas, quedó fuera del Buró Político.

Con la celebración del VIII Congreso del PCC se abre un nuevo ciclo histórico en la Isla, en el corto plazo, marcado por la resistencia a circunstancias adversas. Sin embargo, en el mediano y largo plazo, el nuevo liderazgo compuesto por la generación intermedia, recién llegada al poder, deberá cumplimentar un objetivo central: construir un modelo económico sustentable que traiga prosperidad material e inclusión social al pueblo de Cuba. Este proyecto de desarrollo nacional fue escasamente definido en los documentos centrales del recién finalizado VIII Congreso del PCC.

El Congreso tuvo lugar en medio de condiciones sumamente difíciles para la Isla, y la clave central del trabajo del PCC en los últimos cuatro años ha sido, justamente, desplegar una estrategia para resistir, de conjunto, esas condicionantes adversas: las más de 230 medidas adoptadas por la Administración Trump, el impacto de la pandemia de Covid-19, las carencias derivadas de los propios déficits estructurales de la economía cubana, y la existencia de una sociedad más dinámica, contestataria y conectada con el mundo. No en balde, los ejes estratégicos que el PCC concibió como centrales están relacionados con categorías que buscan “estabilizar” al país: potenciar el desarrollo de la economía, preservar la paz y garantizar la “firmeza ideológica”.

Una de las principales preocupaciones del PCC era garantizar su propia reproducción como fuerza política. El decrecimiento de la militancia, que se había iniciado en el año 2006, logró ser detenida. Como promedio anual, ingresan a las filas del PCC más de 39.400 nuevos militantes, la tercera parte de los cuales provienen de las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas. Al cónclave de 2021 se llegó con un superávit de 27.000 militantes. Sin embargo, ni el PCC, ni las Fuerzas Armadas Revolucionarias, logran escapar al envejecimiento progresivo de la población cubana. El 42 por ciento de los más de 700.000 militantes del PCC ronda los 55 años de edad. Además, se planteó estudiar la posibilidad de que las mujeres pudieran ingresar en las Fuerzas Armadas para compensar la disminución de hombres en edad de cumplir con el servicio militar activo. La militancia del PCC, que ronda un 10 por ciento de la población cubana, sigue constituyendo una minoría política nacional.

Aunque las fotos de Marx y de Lenin fueron eliminadas de la sala de sesiones del Congreso, y sustituidas por imágenes de líderes comunistas cubanos, del cónclave emana, en el plano político, una acentuación del carácter leninista del PCC. Si durante los años de la reforma impulsada por Raúl Castro la existencia del PCC como único partido constitucionalmente reconocido se intentaba justificar desde el sistema político con argumentos pragmáticos -por ejemplo, la necesidad de unidad ante el cerco internacional producto del embargo/bloqueo norteamericano-, en la actualidad hemos visto un fortalecimiento de argumentos más “ideológicos” para justificar su condición de “vanguardia”. Pero sin desdeñar tampoco los elementos pragmáticos.

En materia de derechos humanos, hubo un apoyo público a los derechos vinculados a la comunidad LGBTI; a favor de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género; y contra la discriminación racial. Pieza central en este aspecto es la elaboración del anteproyecto del Código de Familia, que luego de ser debatido en el Parlamento, y aprobado en referéndum, debe abrir las puertas al matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. En el Informe Central no se habló en ningún momento de la sociedad civil; pero sí se menciona que las llamadas “organizaciones políticas y de masas” deben perfeccionar su funcionamiento en todos los ámbitos de la realidad. La apertura de cauces al pluralismo político no fue abordada en el Congreso. Hubo una crítica al funcionamiento de los medios de prensa del Partido, y una sustitución de funcionarios en esta área. Un elemento mencionado en varias ocasiones en el Congreso fueron las redes sociales, elemento de novedad en el país, pues desde ellas nuevos y viejos actores de la sociedad civil han construido agendas mediáticas en contraposición o tensión con el PCC.

En materia económica, durante el VIII Congreso se hicieron fuertes críticas al “igualitarismo”; se ratificó la ampliación del sector privado en más de 2.000 categorías; se apoyó la inversión extrajera directa; se ratificó que será pagada la deuda exterior del país; se utilizarán elementos de mercado, aunque sin que quede claro hasta qué punto; y se apuesta por convertir al sector estatal en el eje central de la economía. En este Congreso podría intuirse que se está apostando por avanzar hacia una economía mixta, aunque se pusieron “líneas rojas” a la privatización de empresas y al comercio exterior por parte del sector privado.

Con el VIII Congreso del PCC ha sucedido lo mismo que con la Constitución de 2019: son eventos “bisagras” entre una época y la otra. Tanto en el Congreso, como en la elaboración de la pasada Constitución, es evidente la pugna entre algo “nuevo” (que no acaba de nacer), y la impronta colosal que la generación histórica ha jugado en los destinos de Cuba, con sus maneras propias de hacer política y relacionarse con los cubanos y con el mundo. Frente a la noción que necesita centralizar para poder resistir, la vida reclama un marco distinto para el ejercicio de las libertades como condición necesaria para el desarrollo. Sobre esta realidad gravita, de manera inexorable, la impronta del embargo/bloqueo y la política de Estados Unidos hacia la Isla. La agresividad de las políticas de la Administración Trump hacia Cuba colocó al pueblo cubano en condiciones de emergencia sanitaria, rompiendo radicalmente el compromiso de la administración precedente con los cubanos. La demora de la Administración Biden en revertir esas medidas, alegando que Cuba no es una prioridad, pone en entredicho la voluntad de entendimiento con el pueblo cubano, y constituye una oportunidad perdida para influir a favor de dinámicas aperturistas en la Isla.

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