¿Una nueva Carta Magna para Cuba?

˙ Cuba

El próximo 10 de abril entra en vigor, en Cuba, una nueva Constitución, que remplazará a la Carta Magna aprobada en 1976, de matriz soviética. Quizá esta no se diferencie mucho de la anterior, pero tal vez (sin demasiado entusiasmo) podamos encontrar, en ella, ciertas posibilidades.

La sociedad cubana, desde hace décadas, demanda un “nuevo pacto social”, que se exprese a través de una nueva Ley de leyes. Tal vez sectores del gobierno consideraron que llegada esta etapa estarían en condiciones de hacerlo. Sin embargo, no ha sido así (por las razones que sean). No obstante, dado ciertos cambios económicos y el retiro progresivo, pero acelerado, de los dirigentes denominados históricos, el gobierno necesitaba legitimar nuevas prácticas, sobre todo económicas, ya establecidas, y moldear la institucionalidad del poder de forma que pueda ser funcional a nuevos actores que ya comienzan a ejercer el gobierno del país. Quizá por esto fue necesario realizar ahora la reforma constitucional, aunque no estuvieran en condiciones de ofrecer ese “nuevo pacto social”.

Esto provocó que una cifra significativa de cubanos, por diferentes motivos, ha quedado disconforme con el nuevo texto; si bien, en muchos de estos casos, reconoce sus avances positivos. No están suficientemente conforme (dentro de la oficialidad) ni quienes pudiéramos estimar “conservadores”, ni quienes pudiéramos considerar “reformistas”. Tampoco quedaron conformes actores de la sociedad civil con diversas maneras de entender esta reforma y mucho menos aquellos que aspiran a una transformación radical del sistema. Igualmente, no quedaron conforme los defensores del matrimonio igualitario, los gestores de la incipiente empresa privada, algunos sectores del arte, la emigración cubana, entre otros.

Sin embargo, frente a esta disconformidad, los discordantes se posicionaron de dos maneras: 1) Rechazando el texto, por insuficiente. 2) Aceptando el texto, con sus insuficiencias, porque ofrece márgenes para trabajar (aunque no de manera expedita) por una reinstitucionalización del país, por una revitalización de la sociedad civil, por el diseño de un nuevo modelo económico, por la promoción del Estado de Derecho y por mayores libertades.

En tal sentido, la nueva Carta Magna, aunque inmersa en un lenguaje socialista hipertrofiado, ofrece las posibilidades para que una gestión política, si se lo propone, pueda desarrollar un modelo económico “mixto” (como, al parecer, desea una mayoría de la ciudadanía); o eminentemente “privado”, si las circunstancias no favorecieran lo anterior y, a la vez, exigieran ofrecer bienestar. Igualmente, la cuestión de los Derechos Humanos dejó de mostrarse como una afrenta ideológica y se ha colocado en el centro de modelo social, si bien queda por formular e institucionalizar los recursos judiciales que lo garanticen. Asimismo, la nueva organización del poder tiende al poli-centrismo y, aunque mantiene al PCC como fuerza política única y superior de la sociedad, lo coloca al servicio de la Carta Magna (algo inimaginable para muchos, aún después de leerlo en el texto), y precisa (como nunca) que el máximo órgano de poder, no es dicho partido político, sino el parlamento. Esto, a pesar de que parezca una nimiedad, ubica ese delicado tema en un contexto de interpelación que, a posteriori, pudiera conducir a reformas (en un sentido o en otros, pero siempre hacia algo distinto).  No obstante, quiero culminar señalando que: 1) Estas potencialidades sólo serán importantes si las convertimos en acción, en realidad. 2) Las capacidades para hacerlo (si tempestades naturales y/o políticas no mueven la ruta) estarán maduras únicamente dentro de dos o tres años, aunque antes se puedan cosechar algunos frutos. 3) Esta Ley de Leyes resulta, de facto, una Constitución transitoria, porque emana de la necesidad de adentrar al país en un cambio de época y esto le exigirá posteriores reformas. 4) De llegar este momento, ya se realicen muchísimas modificaciones o sólo se renueven unos pocos preceptos (pero de contenidos fundamentales y con mutaciones trascendentales), deberá ocurrir un cambio “copernicano” en nuestro sistema republicano.