Colombia y Venezuela: ¿Crisis de la integración regional?

Este artículo también está disponible en: Inglés

Las relaciones entre Venezuela y Colombia se encuentran en uno de los momentos de mayor tensión de las últimas décadas, tras la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de cerrar parte de la frontera binacional y ordenar la deportación de colombianos residentes de manera irregular en Venezuela.

Lo que para Caracas es una ofensiva contra el contrabando y la inmigración descontrolada, en Bogotá se percibe como un acto xenófobo. El gobierno venezolano cerró la frontera tras un enfrentamiento en el que una patrulla militar venezolana fue atacada por supuestos paramilitares colombianos, trabajando para redes de contrabandistas. De igual manera, Maduro ha justificado su decisión ante la necesidad de controlar el “éxodo” masivo de colombianos hacia Venezuela. Hasta el momento, más de 1.400 colombianos han sido deportados, y más de 18.000 han dejado Venezuela por su cuenta ante los operativos de las fuerzas de seguridad. Cientos de casas propiedad de colombianos en Venezuela han sido destruidas.

Si bien los vínculos bilaterales han atravesado momentos de crisis en el pasado, la dimensión humanitaria de la situación actual no tiene precedentes.

Si bien los vínculos bilaterales han atravesado momentos de crisis en el pasado, la dimensión humanitaria de la situación actual no tiene precedentes. Al mismo tiempo, la falta de reacción inmediata por parte de los dos principales organismos regionales — OEA y UNASUR — pone de manifiesto las carencias de la integración en América Latina. Tras el cierre de la frontera, Colombia anunció una ofensiva diplomática para protestar contra lo que considera un acto xenófobo contra los colombianos residentes en Venezuela. La estrategia de Bogotá, sin embargo, sufrió una dura derrota en la OEA, al no haber logrado votos necesarios para convocar a una reunión de cancilleres para que trate la crisis. 11 países se abstuvieron — entre ellos Argentina y Brasil — mientras que aliados venezolanos como Bolivia y Ecuador rechazaron la propuesta. Incluso, el pasado sábado se reunieron las cancilleres de ambos países en Quito, con la mediación de Ecuador y Argentina como presidentes de UNASUR y CELAC respectivamente, sin que hasta el momento se conozcan los resultados de dicho encuentro. 

Cabe recordar que la OEA fue concebida como un mecanismo para la resolución de conflictos y crisis en el ámbito hemisférico. La Carta de Bogotá, tratado constitutivo de la OEA, consagró el afianzamiento de la paz y la seguridad del continente como uno de sus propósitos esenciales. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, visitó Cúcuta, ciudad colombiana donde la mayoría de los desplazados se han instalado. 

Las implicaciones de esta crisis son múltiples. En primer lugar, representa una escalada sin precedentes del nivel de confrontación entre Venezuela y Colombia. La normalización de las relaciones con Venezuela ha sido una prioridad para el gobierno Santos, y se vio reflejada en la incorporación de Venezuela como país acompañante del proceso de paz con las FARC, que continúa en La Habana. Esta crisis, por lo tanto, representa un serio revés para la estrategia pragmática de Santos hacia Venezuela.

De igual forma, Colombia y Venezuela comparten una relación bilateral fundamentada principalmente por un permanente flujo de migrantes y por intensos vínculos comerciales. Venezuela es el tercer destino elegido por migrantes colombianos, de acuerdo con el último estudio presentado al Consejo Nacional de Politica Economica y Social (CONPES) en Colombia.  Igualmente, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en Colombia ha registrado un flujo de exportaciones a la República Bolivariana de más de 600 millones de dólares. El mercado colombo-venezolano ha sido considerado tradicionalmente como un mercado de “aprendizaje” para ambos países, en donde los exportadores han intercambiado experiencias con el fin de incluir nuevos productos dentro de su oferta comercial.  

La negativa del consejo permanente de la OEA a convocar a una reunión de cancilleres es un indicio más de que los problemas del organismo para abordar situaciones urgentes en el hemisferio se deben a la falta de voluntad de sus países miembros.

Por otra parte, la negativa del consejo permanente de la OEA a convocar a una reunión de cancilleres es un indicio más de que los problemas del organismo para abordar situaciones urgentes en el hemisferio se deben a la falta de voluntad de sus países miembros. Que Bogotá no haya aceptado tratar la crisis en UNASUR demuestra además que este organismo no constituye una alternativa viable. Los cancilleres de Brasil y Argentina se desplazaron hacia la región para intentar una mediación, y Ecuador y Uruguay ofrecieron hacer lo propio, pero sus esfuerzos han sido hasta ahora infructuosos. La falta de una estrategia regional coherente para abordar una situación de esta gravedad muestra un vacío de liderazgo y articulación que no ha podido ser llenado con la creación de numerosos mecanismos en los últimos años, incluyendo a UNASUR y CELAC.

Al mismo tiempo, la decisión de Venezuela de cerrar la frontera y expulsar a cientos de colombianos — y su justificación para hacerlo — puede ser un antecedente peligroso para la región. Las tensiones migratorias entre República Dominicana y Haití así lo demuestran. En otras partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos, responsabilizar a los inmigrantes irregulares de los problemas del país ha demostrado ser electoralmente rentable. De trasladarse esta lógica a la región — donde millones de ciudadanos residen en otros países latinoamericanos — las consecuencias podrían ser muy graves.

En otras partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos, responsabilizar a los inmigrantes irregulares de los problemas del país ha demostrado ser electoralmente rentable. De trasladarse esta lógica a la región — donde millones de ciudadanos residen en otros países latinoamericanos — las consecuencias podrían ser muy graves.

De cómo evolucione la situación en los próximos días dependerá no solo la suerte de los millones de colombianos que viven en Venezuela, sino también la estabilidad de las relaciones entre ambos países y la viabilidad de la integración regional latinoamericana.