La batalla legal sobre la estabilidad laboral docente

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Una decisión reciente de un tribunal de California sobre las normas que regulan la estabilidad laboral, el despido y la antigüedad de los profesores puede haber señalado un mayor rol de la sociedad civil y los tribunales en las batallas sobre la reforma educativa en los Estados Unidos.

El caso, Vergara v. California, establece que los estudiantes tienen el derecho constitucional a la igualdad de acceso a una enseñanza de calidad, y que el estatuto docente del estado viola esos derechos. Las disposiciones del estatuto que dan a los maestros estabilidad laboral independientemente de su eficacia hacen que sea casi imposible despedir a los profesores de bajo desempeño y concentran a los peores maestros en las escuelas que atienden principalmente a los pobres. Estas provisiones son problemáticas porque privan a los estudiantes de una educación de calidad, y por lo tanto violan sus derechos constitucionales.

El caso fue presentado por Students Matter (Los Estudiantes Importan), una ONG financiada por un empresario de Silicon Valley y otros filántropos ricos, en nombre de nueve estudiantes de escuelas públicas. El caso contó con abogados de primer nivel (uno demócrata y otro republicano). Los estudiantes argumentaron que la estabilidad docente y otras protecciones laborales los privaban de su derecho legal a una educación de calidad. Para defender su caso, los estudiantes presentaron resultados de investigaciones que demuestran el impacto negativo que los profesores de baja calidad tienen en el rendimiento estudiantil.

El juez se pronunció a favor de los estudiantes, afirmando que «la evidencia es convincente. En efecto sacude la conciencia.» Él interpretó el caso en términos de derechos civiles, determinando que el estatuto docente negaba a los niños igual protección ante la ley, y citando la decisión histórica de la Corte Suprema de Justicia en 1954 (Brown v. Board) que eliminó la segregación racial en las escuelas. El caso puede ser apelado, y puede tardar varios años en llegarse a una decisión judicial definitiva.

En cualquier caso, Vergara v. California representa una nueva fase en los esfuerzos para promover la reforma educativa, que combina iniciativas de la sociedad civil con el activismo judicial. Ante la falta de acción de los poderes ejecutivo y legislativo, líderes civiles están recurriendo cada vez más a los tribunales para lograr objetivos en cuanto a políticas públicas. Un principio implícito es que los pobres necesitan a alguien que defienda sus intereses, y que la sociedad civil y los tribunales lo harán si los líderes políticos no lo hacen. El principio sugiere que la educación involucra derechos civiles, y argumenta que los criterios para juzgar las políticas educativas deben incluir resultados, y no sólo insumos.

Al mismo tiempo, el apoyo a la estabilidad docente y otras protecciones laborales por parte de los líderes políticos y la opinión pública parece estar disminuyendo. La reacción del gobierno de Obama a la decisión del caso Vergara puede ser un síntoma de un cambio más amplio. El Secretario de Educación, Arne Duncan, observó que «Esta decisión representa una oportunidad para un estado progresista con una tradición de innovación de construir un nuevo marco para la profesión docente, que protege los derechos de los estudiantes a la igualdad de oportunidades educativas, proporcionando a los maestros la ayuda, el respeto y la carrera gratificante que se merecen».

La decisión del caso Vergara ha estimulado nuevos desafíos legales a las leyes de estabilidad laboral, despido y antigüedad en otros estados. Dos demandas han sido presentadas en Nueva York, y se espera que se presenten otras pronto. Algunos estados ya están revisando sus leyes con respecto a las normas que regulan la estabilidad laboral y el despido docente. Al menos 16 estados han comenzado a atar la estabilidad laboral al rendimiento docente, 7 pusieron a aquellos profesores titulares con evaluaciones bajas en un período de observación, y 2 (Kansas y Florida) han restringido severamente el otorgamiento de estabilidad laboral a los maestros. Una reciente encuesta nacional de opinión pública sugiere que el apoyo a las leyes de estabilidad laboral de los maestros se ha debilitado en los Estados Unidos. Los encuestados consideran que 22% de los docentes no están enseñando de manera satisfactoria y manifiestan estar a favor de poner fin a la estabilidad laboral docente en una proporción de 2 a 1. Además esperan que, en caso de que se otorgue estabilidad, la decisión se base en el desempeño del estudiante. Sólo el 9% de los encuestados estuvo a favor de la práctica histórica de otorgar estabilidad laboral a los docentes sin tomar en cuenta el desempeño de sus estudiantes.

Lo que está claro es que, en los Estados Unidos, la presión está creciendo para cambiar las leyes establecidas desde hace tiempo que rigen la estabilidad laboral, el despido y la antigüedad de los profesores, y que si los políticos no actúan, la sociedad civil y los tribunales lo harán. Mucho menos claro, sin embargo, es determinar cuáles leyes deben ponerse en su lugar. El mérito de la decisión del caso Vergara puede ser forzar a los políticos y burócratas a tomar en serio la necesidad de una reforma y encontrar mejores maneras de gestionar a los profesores.