El presidente de México manda un mensaje

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El recién elegido presidente de México Enrique Peña Nieto ha enviado el mensaje de tener la intención de otorgarle al estado el control sobre la política educativa. El mensaje, aparentemente dirigido a Elba Esther Gordillo –lideresa que por 23 años ha dirigido el sindicato más grande y poderoso de América Latina, el sindicato de maestros (SNTE)– sugiere que su gobierno no va a ceder ante ella,  tal como lo han hecho otros en el pasado. Si Peña Nieto logra tener éxito está por verse.

El mensaje, enviado la semana pasada, llegó en la forma de una designación ministerial, un pacto de reforma educativa, y una propuesta de enmienda constitucional.

Para empezar, Peña Nieto eligió a Emilio Chuayfett, un claro oponente de Elba Esther, como ministro de educación. Chuayfett ha estado en la política durante 38 años, y durante ese tiempo ha logrado demostrarse como un hábil operador político y un servidor público comprometido. A pesar de que Elba Esther y Chuayfett fungieron como diputados para el PRI durante la misma legislatura, tuvieron varias divergencias. Sus confrontaciones y diferencias eventualmente llevaron a la expulsión de Elba Esther no sólo del Congreso, sino también del PRI, llevándola a formar su propio partido político Nueva Alianza. La designación de Chuayfett como ministro de la educación debería ser una preocupación para Elba Esther.

En segundo lugar, Peña Nieto presentó Pacto por México, un documento que establece las prioridades de su administración. El pacto, firmado por los líderes de los tres principales partidos políticos, PRI, PAN y PRD, incluye una propuesta para reformar el sistema educativo. Los líderes de los tres partidos acordaron que la reforma más importante, y la que Peña Nieto actuará primero, es la de educación.

Por último, para poner en práctica su propuesta educativa, Peña Nieto presentó al Congreso enmiendas constitucionales para que 1) maestros, directores y supervisores tengan que competir por puestos de trabajo y sean promovidos de acuerdo a criterios establecidos por una renovada ley de carrera profesional docente, 2) el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa sea autónomo bajo la constitución, y sea el encargado de realizar las evaluaciones obligatorias a maestros, y 3) se lleven a cabo censos de maestros, escuelas y estudiantes a cargo del INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Quizá estos tres pasos parezcan poco, pero en México son pasos radicales y muy tardíos. Durante décadas y a la fecha, es práctica común en varios estados comprar, vender, o heredar plazas de maestros, o que las plazas sean otorgadas por funcionarios sindicales a cambio de favores políticos (un estudio de 2011 encontró que sólo el 7% de los puestos de docentes son otorgados por concurso, otro estudio encontró que el sindicato otorga la mitad de los puestos). Los sueldos de los maestros no están ligados a su desempeño, y no hay incentivos para los que trabajan en zonas marginadas. Más aún, el desempeño de los maestros no se evalúa adecuadamente. Carrera Magisterial, la principal evaluación y programa de incentivos de los docentes está mal diseñada, dándole más peso a los años en servicio del docente que a su capacidad de enseñar adecuadamente.

El SNTE, el sindicato nacional de docentes, tiene demasiado poder sobre la gestión del personal docente y la política educativa.  Durante años ha vetado esfuerzos para recolectar información básica sobre los profesores y sus funciones. También tiene poder de veto sobre cuestiones clave como contrataciones, formación y sustitución de docentes, e incentivos y sanciones. El sindicato tiene la facultad legal de nombrar a «comisionados» – maestros a quienes se les da licencia para hacer trabajo sindical. Hay poca disponibilidad de datos confiables, pero los pocos estudios fiables indican que existen desde 22.000 hasta más de 45.000 (alrededor del 10%)  de profesores que trabajan como “comisionados”  sindicales en un momento dado, sugiriendo que se usan grandes cantidades de dinero para promover intereses sindicales y políticos en lugar de utilizarlos para promover una educación de calidad. (Más información sobre el estado de la educación en México se puede encontrar aquí).

Varios ex presidentes y ex secretarios de educación han establecido pactos, programas, y alianzas con el SNTE destinados a reformar la profesión docente, pero ninguno ha estado a la altura cuando se ha tratado de enfrentar  a la poderosa  Elba Esther. Esta vez puede ser diferente. No sólo está el gobierno combatiendo fuego con fuego mediante el nombramiento de un poderoso ministro de educación, sino que ha logrado reunir a un fuerte grupo de aliados que incluye a los tres principales partidos políticos, varios expertos en educación, ex ministros de educación y líderes de la sociedad civil de alto perfil.

A pesar de la cobertura mediática positiva y optimista de la iniciativa de la reforma educativa, hay quienes se mantienen escépticos y, a pesar de reconocer la intención de Peña Nieto, creen que una enmienda constitucional no es el camino a seguir. Otros señalan que es rutina prometer el sol, la luna y las estrellas en el comienzo de un periodo presidencial,  y dudan si Peña Nieto y Chuayfett realmente están dispuestos y son capaces de cumplir lo prometido. Y también hay quienes piensan que la aprobación de la enmienda constitucional en el Congreso y el Senado será todo un reto. Dado los fallidos intentos que durante décadas se han dado para implementar una reforma educativa, todos son puntos muy válidos.

Claramente, tener buenas intenciones no es suficiente, y tampoco lo será una enmienda constitucional. Más cambios serán necesarios para aumentar la calidad de la educación para todos. Deben establecerse objetivos, se tendrá que destinar dinero para respaldar las iniciativas, y las evaluaciones de los maestros tendrán que ser técnicamente sólidas e incluir más qué un examen. Las evaluaciones también deben traer consecuencias para aquellos que no tienen un nivel mínimo de rendimiento. Por ejemplo, Chile, Perú, y Ecuador cuentan con reformas que permiten despedir a los maestros que constantemente demuestran tener bajo desempeño. También será necesario respetar y aclarar el papel de los estados y los gobiernos locales en el sistema educativo.

Peña Nieto tiene mucho que ganar. Si logra pasar las reformas constitucionales y poner en marcha otras piezas clave de la reforma, se reducirá considerablemente el poder del sindicato de maestros sobre la política educativa, y por ende el de Elba Esther. Lograría convencer a la mayoría de los escépticos de que no sólo sabe cómo enviar un mensaje, sino que también puede cumplir con el mismo.

Para una mayor cobertura de la propuesta de la reforma educativa, recomendamos seguir la cobertura mediática diaria de Mexicanos Primero aquí.

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Fuente del imagen: ciudadanosenred.com.mx


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