María Alejandra Mora (SoyMAM)/CC BY-SA 3.0Protestors in Maracaibo, Venezuela
Las manifestaciones que llevaron a la salida del mandatario de Ucrania seguramente levantaron la moral de aquellos que protestan contra el gobierno en Venezuela; y probablemente también elevaron sus expectativas. La partida del presidente Nicolás Maduro, seguida por nuevas elecciones, ya no parece tan lejos de alcanzar.
Sin duda hay muchos paralelos entre la nación sudamericana y la de Europa del Este. Las economías de ambas son afectadas por una crisis. Sus vidas políticas están amargamente polarizadas y la ilegalidad es rampante. Sus presidentes han pisoteado constantemente los principios democráticos, a pesar de haber sido electos. En ambas cada bando ha considerado al otro como un adversario destructivo e impacable que requiere ser derrotado.
Pero entre ambos países también hay enormes diferencias. Los partidarios de Hugo Chávez, el predecesor y mentor de Maduro, se han mantenido en el poder durante 15 años. Han ejercido un control férreo sobre prácticamente toda institución nacional –la legislatura, los medios, el sistema judicial, las fuerzas armadas y la compañía petrolera estatal, la fuente de la mayor parte de la riqueza venezolana-. Y han construido una base de seguidores intensamente leal, particularmente entre los pobres venezolanos, la mayor parte de los cuales se considera en mucho mejores condiciones hoy que bajo anteriores regímenes, y en muchos sentidos lo están. El poder del depuesto presidente ucraniano y sus seguidores estaba mucho menos consolidado.
Probablemente más importante aun es que el gobierno de Maduro, respondiendo a las protestas, ha estado hasta ahora, en gran medida, libre de presiones externas. Los vecinos europeos de Ucrania condenaron rápidamente el excesivo uso de la fuerza contra los manifestantes. Los gobiernos latinoamericanos, todos –salvo uno- líderes electos constitucionalmente, sin embargo, han evitado lanzar cualqueir crítica a las acciones represivas del gobierno venezilano y sus violaciones a las normas democráticas y los procedimientos legales. Muchos gobiernos latinoamericanos han apoyado abiertamente la respuesta del presidente Maduro, y los otros han hecho poco más que sugerir discretamente un diálogo con la oposición.
Los principales aliados de Maduro son cuatro países que durante mucho tiempo han sido los aliados ideológicos de Venezuela: Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba; más Argentina. Brasil también ha apoyado las acciones de Venezuela, aunque de una manera mucho más discreta.
Otros gobiernos han preferido guardar silencio debido a los grandes intereses económicos involucrados en sus relaciones con Venezuela. Otros más han sido intimidados por las respuestas y vituperios de Maduro ante leves reproches o sugerencias. Otros simplemente quieren mantenerse en paz con sus propios partidos y movimientos de izquierda.
Debería ser claro que el gobierno tiene la ventaja en esta confrontación. Controla virtualmente todos los espacios de poder importantes, mantiene una gran base de apoyo entre la población y afronta mínima presión o crítica externa.
Estados Unidos, acusado por Maduro de fomentar las protestas y de conspirar para derrocarlo, ha sido el más duro crítico del gobierno venezolano y ha urgido fehacientemente un cambio de rumbo. Pero Estados Unidos, ante la ausencia de apoyo de otros gobiernos de América Latina, solo tiene influencia limitada sobre los eventos en Venezuela, que ha tratado en los últimos años a Washington como el enemigo.
Los dos países han carecido de embajadores durante casi cuatro años y, desde que iniciaron las protestas, tres oficiales estadounidenses han sido expulsados de Venezuela. Maduro ha propuesto un intercambio de enviados para restaurar los vínculos diplomáticos, pero es difícil tomar en serio lo que parece ser un gesto confuso y aislado.
Maduro tiene la posibilidad de demostrar que habla en serio suspendiendo los ataques contra los manifestantes, tanto desde el gobierno como de sus militantes, excarcelando a quienes han sido detenidos y ofreciendo la apertura de un diálogo verdadero con la oposición.
Algunos en Washington han llamado a Estados Unidos a adoptar una línea más dura, incluyendo la reducción de compras de petróleo de Venezuela, que continúa siendo el cuarto mayor proveedor extranjero de Estados Unidos aun cuando las importaciones han disminuido. En este punto, tal medida, rechazada por figuras de la oposición, podría ser peligrosamente contraproductiva. Probablemente energizaría a las fuerzas chavistas progubernamentales, aumentaría su convicción de que se encuentran sitiados interna y externamente y tendrían mayores resistencias para alcanzar acuerdos con los opositores. Probablemente aumentaría también el apoyo de los gobiernos latinoamericanos al del presidente Maduro. Incluso los más fuertes aliados de Washington en la región se opondrían a esta vía.
El gobierno venezolano, sin embargo, no es invulnerable. Hay cismas y desconfianza entre sus filas. Han ocurrido ya algunas deserciones y otras pueden esperarse. La gravedad de las crisis de seguridad y económica están drenando la credibilidad de Maduro. Aun así, debería ser claro que el gobierno tiene la ventaja en esta confrontación. Controla virtualmente todos los espacios de poder importantes, mantiene una gran base de apoyo entre la población y afronta mínima presión o crítica externa.
Lo que debería ser obvio es que la mejor solución para todas las partes, y ciertamente para la nación venezolana, sería un diálogo entre las fuerzas rivales que pudiera llevar a una solución negociada del amargo conflicto antes de que se salga de control. Ambas partes deberían ceder algo.
Bajo estas circunstancias, las protestas, a pesar del enorme número de personas que ha logrado movilizar y el intenso compromiso que han demonstrado, podrían ceder y perder su potencial político. Esto es frecuente tras un periodo de manifestaciones masivas. Pero incluso si los activistas antigubernamentales son capaces de sostener y de intensificar las protestas, el gobierno de Maduro seguirá manteniendo sus múltiples ventajas sobre la oposición. Es difícil imaginarse lo que se requeriría para que el gobierno retrocediese y cediera a las demandas de los manifestantes.
Pero Maduro, particularmente si continúa manejando mal la situación, podría ser forzado a dejar la presidencia. Los chavistas, sin embargo, seguramente prevalecerían en una confrontación y terminarían con una mano más libre para atacar a la oposición con mayor fuerza que nunca.
Lo que debería ser obvio es que la mejor solución para todas las partes, y ciertamente para la nación venezolana, sería un diálogo entre las fuerzas rivales que pudiera llevar a una solución negociada del amargo conflicto antes de que se salga de control. Ambas partes deberían ceder algo.
El gobierno seguramente tendría que liberar a todos los detenidos por liderar o tomar parte de las protestas callejeras y otros encarcelados por discursos o acciones políticas. Necesitaría desbandar a las milicias armadas y en general detener los allanamientos y ataques a sus opositores y, en su lugar, permitir una significativa libertad de actividades políticas, incluyendo las de asamblea, protesta y crítica pública. También debería aliviar sus restricciones a la prensa y permitir mayor independencia judicial. Lo que el gobierno ganaría es el fin (o al menos la suspensión) de la turbulencia en las calles y la oportunidad de gobernar.
Por su parte, la oposición debería desistir de sus aspiraciones de nuevas elecciones que podrían producir un gobierno no chavista. En lugar de ello, tendría que esperar al menos dos años (lo que se necesita para llegar a la mitad del periodo de Maduro) para cumplir con los requerimientos constitucionales para someter su presidencia a consulta. Pero la oposición ganaría así mayor seguridad y parte del espacio que necesita para llevar a cabo sus actividades políticas.
La pregunta es qué se necesita para lograr un diálogo productivo entre el gobierno y la oposición. Dado que ninguna de las partes parece lista aún para ceder nada a la otra, se necesitaría ayuda externa para preparar el camino.
Sin duda, Brasil, un país con aspiraciones de liderazgo global, debería estar haciendo todo lo que puede para detener la turbulencia que amenaza a su vecina Venezuela.
Los gobiernos brasileño y cubano tendrían mayor capacidad de persuasión con el presidente Maduro, y podrían convencerle para que abra conversaciones con sus opositores y responder responsablemente a sus demandas, y estar preparado para hacer concesiones.
Desde 2003, cuando Lula da Silva asumió la presidencia, Brasil ha mantenido una relación cercana con Venezuela. Brasil encabezó un grupo de “amigos de Venezuela” que ayudó a detener un choque previo entre el gobierno de Chávez y la oposición. Lula reconoció ampliamente el liderazgo de Hugo Chávez y lo respaldó abiertamente para su reelección. Brasil fue el principal responsable de la adhesión de Venezuela al Mercosur. Sin duda, Brasil, un país con aspiraciones de liderazgo global, debería estar haciendo todo lo que puede para detener la turbulencia que amenaza a su vecina Venezuela.
Cuba puede tener aun mayor influencia que Brasil. Chávez proclamaba que Cuba era su inspiración y modelo. El líder veneolano desarrolló una relación cercana con Fidel Castro y consistentemente le solicitaba consejo. Y Cuba ha jugado un rol crucial en la construcción de los organismos de inteligencia y seguridad venezolanos, y sus maestros y médicos han proveido servicios a los pobres venezolanos durante muchos años. Cuba tiene una buena razón para preocuparse por el futuro de su aliado sudamericano: Venezuela ha mantenido a Cuba a flote por una docena de años con subsidios estimados entre $2 mil millones y $4 mil millones.
Los venezolanos necesitan y merecen asistencia externa para resolver su cada vez más trágica y peligrosa confrontación, y debería venir de sus vecinos..
Si los líderes de la oposición necesitan ser persuadidos para sentarse a la mesa de negociación con el gobierno venezolano, la tarea deberá recaer sobre todo en Estados Unidos, que ha sido el mayor defensor de los derechos políticos de la oposición. Washington también podría ayudar presionando a Brasil y otras naciones latinoamericanas a hacer su parte para llevar a Maduro a la mesa.
Los venezolanos necesitan y merecen asistencia externa para resolver su cada vez más trágica y peligrosa confrontación, y debería venir de sus vecinos. Los gobiernos latinoamericanos no deberían tomar partido. Deberían dar atención prioritaria a empujar una solución negociada al conflicto político, y ayudar a restaurar la civilidad y las políticas democráticas en Venezuela.
Margaret Myers, directora del Programa Asia y América Latina del Diálogo Interamericano, discute las implicaciones de un empeoramiento de la relaciones entre China y Taiwán en América Latina.
