Reforma policial: agenda (aún) pendiente en América Latina

Portada del informe Reforma Policial

En el verano de 2020, las muertes de George Floyd, Breonna Taylor y otros ciudadanos afroamericanos a manos de la policía han inspirado protestas masivas en ciudades de los Estados Unidos y de todo el mundo, arrojando un duro enfoque sobre la relación entre la policía y los ciudadanos a los que se les encarga proteger.

El tema de la seguridad pública siempre está presente para los funcionarios públicos y los ciudadanos de América Latina. Sin embargo, los esfuerzos de reforma policial en América Latina a menudo han resultado incompletos o ineficaces. Los acontecimientos recientes en Estados Unidos—país que con frecuencia es propuesto como modelo en estos temas—así como los escándalos de corrupción y las respuestas militaristas a las protestas sociales que contaminaron la imagen incluso de algunas de las fuerzas policiales más profesionales de América Latina, ofrecen un momento oportuno para centrarse de nuevo en el desafío de construir instituciones policiales eficaces y responsables en la región. 

Este nuevo informe del Programa de Estado de Derecho Peter D. Bell aborda la necesidad de reforma policial en el hemisferio. Escrito por Lucía Dammert, profesora titular de la Facultad de Humanidades en la Universidad de Santiago de Chile y experta en temas de seguridad pública en América Latina, el informe analiza las características compartidas de las instituciones policiales en América Latina, evalúa los intentos recientes de reforma policial y propone una agenda para futuras reformas.

Lea el Informe de políticas de primera infancia

CINCO ÁREAS PRIORITARIAS:

  1. Las capacidades civiles en temas policiales. Para avanzar con una democracia firme se requiere que los partidos políticos y movimientos sociales reconozcan la importancia de esta temática, y consoliden cuadros técnicos serios que puedan proponer iniciativas de política pública basados en evidencia y con el apoyo político a largo plazo.
  2. La regulación de la seguridad privada. La seguridad es un negocio que crece de forma exponencial debido a la creciente demanda ciudadana y la percepción de que la policía no puede enfrentar las problemáticas. Esta privatización de la seguridad requiere ser regulada especialmente por su potencial relación con funcionarios policiales en retiro, así como por la competencia que se puede generar en la implementación de políticas. 
  3. La militarización de las fuerzas policiales. Los desafíos que tienen las policías para enfrentar la criminalidad, así como las dificultades estructurales vinculadas con el control de fronteras, la cobertura territorial e incluso los niveles de corrupción han traído de la mano un proceso de militarización. Es un proceso que tiene dos caras: por un lado, la participación de las fuerzas armadas en tareas policiales, incluyendo tareas preventivas y vinculación con la ciudadanía; por otro lado, la transformación operativa, táctica e incluso de misión y funciones policiales, se alejan de la prevención y se acercan a una postura militar.
  4. La criminalización de las protestas sociales y la consecuente pérdida de legitimidad de la policía. El aumento del malestar ciudadano así como de la crisis de la política en la mayoría de países de la región ha tenido como correlato el aumento del malestar ciudadano y sus manifestaciones en el espacio público. Paradójicamente, la policía se puede convertir en parte del problema al escalar la violencia y limitar las capacidades reales de acuerdos políticos.
  5. La regulación del uso del reconocimiento facial y otras tecnologías. La atención de la ciudadanía frente a desastres naturales o situaciones críticas como la pandemia del Covid-19 es una de las tareas policiales que tomarán especial relevancia en el futuro más cercano. La amplificación de la utilización de tecnología que incluye identificación facial, grabación a través de drones o de cámaras corporales puede ser vista como una oportunidad necesaria para enfrentar estas amenazas, pero requieren ser reguladas para evitar violación de derechos.

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