Panamá: El estado de las políticas públicas docentes

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A pesar de algunos avances recientes, la educación panameña sigue sufriendo de problemas crónicos. La educación se ha convertido crecientemente en una preocupación nacional.

Panamá es un país con altas tasas de crecimiento e integración económica, pero estas ventajas no están beneficiando a la mayoría de su población en términos de obtener una educación de calidad. Debido a que la calidad de la experiencia educativa depende mucho del personal docente, los procesos nacionales de selección, formación y evaluación de los educadores son de suma importancia en la política pública.

Este informe del programa de educación del Diálogo Interamericano y Unidos por la Educación evalúa el estado actual de las políticas docentes en Panamá y ofrece un conjunto de recomendaciones para abordar los retos y cuellos de botella existentes.

Recomendaciones

  • Rediseñar e implementar una nueva evaluación docente basada en criterios de desempeño, resultados de aprendizaje y observación de clases alineados con los objetivos de SIMECE. Esta tarea es parte de la agenda actual del SIMECE, pero requiere considerable voluntad política para ser negociada e implementada. Se considera crucial este instrumento ya que es poco probable que otros aspectos de la política pública docente avancen sin su creación e implementación.
  • Crear e implementar un sistema nacional para la certificación docente, que contemple el rango de competencias necesarias para la enseñanza efectiva, y el perfil requerido en el aula. Esta certificación debe ser obligatoria para todos los docentes del sector oficial. Una certificación profesional de docentes serviría para elevar el nivel de la profesión y del sector pues se trataría de un mecanismo a través del cual se podría promover la selección rigurosa de profesionales bien formados.
  • Desarrollar una agenda de investigación, con un presupuesto adecuado, vinculada con la implementación de las pruebas nacionales e internacionales de aprendizaje. Dedicar recursos adicionales a un análisis más profundo y multidimensional de los datos recopilados a través de estas pruebas facilitará su mejor utilización y su incorporación en el diseño de formación continua para los docentes, al igual que otros instrumentos para promover la calidad educativa.
  • Implementar un sistema de jubilación voluntaria. Si el gobierno toma la decisión de crear, financiar adecuadamente y promover un sistema sólido y permanente para promover la jubilación voluntaria y salida del sistema de los docentes, facilitará la revitalización de la profesión. Es esencial incentivar el retiro del sistema educativo de docentes con décadas de servicio y resultados insatisfactorios para poder incorporar docentes jóvenes y promover la introducción de métodos más modernos en los centros educativos.
  • Reemplazar el sistema actual de puntación con un sistema más integrado para la calificación de los atributos y competencias de los docentes. Esta propuesta complementará las de evaluación y certificación docente en aras de fomentar una cultura de competencias dentro de la profesión y un enfoque en la calidad de la enseñanza como mecanismo para el avance en la carrera.
  • Diseñar un nuevo plan a largo plazo para el perfeccionamiento de los deberes profesionales de los docentes. Este plan conceptualizará capacitaciones más individualizadas para cada docente, vinculadas con las evaluaciones y los resultados de las pruebas de aprendizajes de los estudiantes, dirigidas a sus necesidades, e implementadas con un programa de seguimiento, mentoría, orientación y acompañamiento.
  • Establecer un mecanismo oficial de resolución de conflictos, a través de la mediación o el arbitraje, que serviría como un tercero neutral calificado para actuar como intermediario entre el Estado y el sector educativo en situaciones de enfrentamiento. Esta clase de mecanismo ofrecería una alternativa a las interrupciones del servicio educativo, debido a manifestaciones y huelgas que actualmente son estrategias usadas comúnmente para presionar al gobierno a cambiar la política pública relacionada con la educación.
  • Iniciar un proceso para investigar y desarrollar opciones para la conversión del Ministerio de Educación a un organismo autónomo, similar a lo que se ha logrado con el Canal de Panamá y la Superintendencia de Bancos. La politización de todos los procesos e incentivos vinculados con el sistema educativo y el hecho que se “reinventa la rueda” en cada administración gubernamental han exacerbado el problema de la educación de calidad y dificultado el desarrollo de una visión de largo plazo, especialmente con respecto a los maestros.

Proyecto

El Diálogo Interamericano lidera un proyecto que busca fortalecer el apoyo de la sociedad civil para mejorar las políticas docentes en América Latina. El objetivo es estimular el debate y ayudar a construir el consenso necesario para que los gobiernos de la región adopten políticas docentes efectivas.

La primera fase del proyecto (2013-2015) se enfocó en las políticas docentes en El Salvador, Guatemala, Honduras y la República Dominicana. La segunda fase del proyecto (2016-2018) se enfoca en las políticas docentes de Argentina, Costa Rica, Panamá y Perú, y en un análisis de las lecciones del sistema educativo de Shanghai, China para América Latina.

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