La transición de Venezuela hacia la democracia: aún al alcance

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Bandera Venezuela dreckwuor / Flickr / CC BY-NC 2.0 DEED

Una transición política en Venezuela puede ocurrir incluso después de una elección fraudulenta seguida de represión, donde los resultados son disputados y quienes están en el poder se niegan a ceder el control. Históricamente, el régimen no ha hecho concesiones voluntarias y ello no va a cambiar. La pregunta clave es cómo proporcionar incentivos, dentro de los límites del Estado de derecho, a quienes podrían facilitar un cambio desde el sistema político represivo vigente hacia el desafiante camino a la democracia.

Las elecciones presidenciales del domingo han atraído la atención global hacia el país después de un período prolongado de “normalización” de una situación que dista mucho de ser normal. Si bien enfocarse en la elección es importante, es insuficiente. Aunque estas elecciones representan un momento político único, una transición hacia la democracia y una solución a las crisis simultáneas que las y los venezolanos han enfrentado durante años —la represión de la disidencia, una emergencia humanitaria y un éxodo masivo— no serán posibles sin negociaciones sobre el futuro de Nicolás Maduro y otros miembros de su gobierno.

Después de la medianoche del domingo, el presidente del Consejo Nacional Electoral informó verbalmente que Maduro había ganado las elecciones presidenciales con el 51% de los votos, basándose en los resultados del 80% de los recintos electorales, después de que un supuesto “ataque terrorista” retrasara el anuncio. El candidato opositor Edmundo González supuestamente terminó en segundo lugar, con el 44%. No hay evidencia creíble que respalde estos resultados. De hecho, toda la evidencia disponible, incluidas las encuestas de boca de urna y las boletas electorales a las que tuvieron acceso los testigos de la oposición, indican una victoria abrumadora de González, incluso en zonas tradicionalmente favorables al gobierno. El Centro Carter, que llevó a cabo una misión de observación electoral en el país, concluyó que las elecciones no cumplieron con estándares internacionales de integridad electoral y que no se pudo verificar ni corroborar los resultados electorales oficiales.

Sin embargo, la historia no termina aquí. El régimen necesita legitimidad internacional, en parte para acceder a mercados clave, y estos resultados electorales ciertamente no la proporcionaron. El compromiso democrático de la oposición, por otro lado, ha contribuido a su legitimidad internacional. Por esa razón, el fraude electoral del domingo debe verse como un punto de partida para una negociación política inevitable que tendrá lugar entre ahora y enero, cuando está programado que asuma el próximo gobierno.

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