La política energética de AMLO: implicaciones para el comercio, el clima y la economía de México

Event photo featuring the three speakers alongside the moderator, Mariana Aparicio

Debido a las modificaciones del marco regulatorio del sector energético en México, impulsadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Diálogo Interamericano preparó un informe titulado “El impacto de la política eléctrica estado-céntrica en México en el comercio, el clima y la economía”, el cual analiza los principales cambios ocurridos en la política energética de México y sus impactos en la inversión y en el medio ambiente. El informe fue presentado en un webinar el 18 de noviembre organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Real Instituto Elcano.

Desde que AMLO asumió el cargo, ha tomado una serie de medidas que afectan la inversión privada en el sector energético del país y menoscaban aspectos claves de la reforma energética aprobada en 2013 por el Congreso bajo su predecesor. Lisa Viscidi, directora del Programa de Energía, Cambio Climático e Industrias Extractivas del Diálogo Interamericano, expuso los cambios impulsados por el gobierno de AMLO, dirigidos a reducir la inversión privada en el sector eléctrico y así, consolidar el monopolio de la CFE encaminada a lograr la “soberanía energética” de México.

A nivel de política pública, Israel Solorio, coordinador académico del Seminario de Análisis de Coyuntura y Prospectiva Social de la UNAM, explicó que el proceso de la reforma energética no contó con mayor participación ciudadana, ni hubo un diálogo significativo entre los participantes. En consecuencia, la reforma generó polarización, la cual fue aprovechada por AMLO para su discurso nacionalista de devolver el protagonismo a las empresas públicas, y aumentar así, la concentración de poder.

En cuanto a los impactos ambientales, Lara Lázaro, investigadora principal del Real Instituto Elcano, expuso la importancia de honrar los compromisos internacionales frente al cambio climático, y recalcó que los cambios regulatorios en el sector energético mexicano pueden ocasionar dificultades en el cumplimiento de metas a largo plazo. Resaltó que para el cumplimiento de las metas es necesario tener estabilidad y voluntad política.

Aun cuando muchos de estos cambios regulatorios no han entrado en vigor, pues mediante amparos han sido suspendidos, los panelistas coincidieron en que las medidas tienen impacto directo en el sector, en la eficiencia, acceso, y modernización de las fuentes de energía. En cuanto a la inversión privada, esta se verá afectada, así como la seguridad jurídica, con implicaciones significativas para la economía, el comercio y cambio climático.

De igual forma, vale la pena destacar que las medidas impulsadas por el gobierno de AMLO no buscan promover una política anti-energía limpia; sencillamente, la política pública nacionalista de soberanía energética conlleva dentro de sus efectos, una reducción al fomento y apoyo de los proyectos de energía renovable. Esto es preocupante, pues la inversión privada en energía es esencial para satisfacer la creciente demanda del país, y es también un instrumento importante para la economía regional, que contribuye a la reactivación económica, por ejemplo, mediante la recuperación verde.

A largo plazo, los ciudadanos en México y en general en América Latina, exigirán mayores compromisos de sus gobernantes con el cambio climático, y es ahí en donde las entidades gubernamentales deben unir esfuerzos para impulsar políticas ambientales más robustas que favorezcan una transición energética justa. La presidencia de Joe Biden probablemente también aumentará la exigencia en los compromisos medio ambientales, y será más común encontrar en tratados comerciales condiciones tendientes a la protección del medio ambiente. La transición energética requiere del esfuerzo conjunto del gobierno y la sociedad, y la inversión privada tiene un papel preponderante en el futuro energético de México y la región.

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