La política de la paz en Colombia

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Las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC se encuentran en un momento decisivo. Nunca antes el país había estado tan cerca de poner fin el que ya es el conflicto armado más duradero en el hemisferio occidental.

Si bien todos los colombianos desean alcanzar la paz, existen quienes cuestionan el desempeño del gobierno del presidente Juan Manuel Santos durante las negociaciones, particularmente en referencia al marco de justicia transicional que fue acordado. Otro punto que ha generado controversias es la eventual participación en política de miembros de las FARC. Para muchos en Colombia, estos elementos consagrarían la impunidad para criminales y terroristas.

El Dialogo Interamericano convocó a un panel de destacadas figuras de la academia y la política colombiana, representantes de diversas posturas, para discutir acerca de este tema fundamental para Colombia y para toda la región. El intercambio fue moderado por Michael Shifter, presidente del Diálogo.

El senador Antonio Navarro Wolff consideró que la firma de un acuerdo es inminente, aunque no existe consenso en la sociedad colombiana. En su opinión, un tema fundamental será garantizar la presencia del estado en los territorios que abandonen las FARC, para evitar que los ocupen otros grupos armados y criminales. El senador dijo que los efectos de un acuerdo de paz solo se sentirán en el mediano plazo, cuando se podrá pasar a discutir una agenda de desarrollo para el país. En el corto plazo, en contraste, consideró que la violencia rural no desaparecerá, y que las FARC no tendrán éxito inicial en su entrada a la política debido a su impopularidad. También sostuvo que el ELN –segundo grupo guerrillero del país- se verá forzado a negociar con el gobierno eventualmente.

Marta Lucía Ramírez, ex ministra de Defensa, criticó al gobierno por no haber avanzado lo suficiente en un mecanismo de justicia fuerte, que castigue a los miembros de las FARC por sus crímenes y disuada a eventuales grupos armados. Esta será la única forma de garantizar la paz y la no repetición del conflicto. Ramírez también manifestó su oposición a los numerosos cambios jurídicos y constitucionales que el gobierno ha promovido en el marco del proceso de paz, que en su opinión atenta contra la estabilidad institucional. En cuanto al mecanismo de refrendación, la ex ministra criticó la propuesta de un plebiscito sobre la totalidad del acuerdo, porque no dará el suficiente espacio a la sociedad colombiana para expresar su opinión acerca de cada elemento negociado.

A continuación Rodrigo Pardo, director editorial de la revista Semana, defendió la eliminación del umbral de participación mínima para el plebiscito, porque incentivará a los ciudadanos a votar. Coincidió Fernando Cepeda Ulloa, profesor de la Universidad de los Andes, quien destacó que aquellos que se opongan a los acuerdos de paz tendrán que expresar su voto negativo, aclarando su posición, en vez de apelar a la abstención. 

Por el contrario, Rafael Nieto, ex Viceministro de Justicia, criticó la utilización del plebiscito como mecanismo de refrendación y la disminución del umbral de participación para que sea válido. Para Nieto, con estos cambios alcanzará con que aprueben el acuerdo de paz un 13% de los colombianos para que sea aprobado. En su opinión, esto refleja el temor del gobierno dado que la gran mayoría de los colombianos rechazan la posibilidad de que los líderes de las FARC no cumplan penas de cárcel, y que participen en política sin limitaciones. Finalmente, coincidió con la ex ministra Ramírez en que un referendo, que permita votar sobre cada aspecto del acuerdo, sería más adecuado para evaluar la opinión de los ciudadanos.

El profesor Cepeda Ulloa remarcó que el acuerdo entre el gobierno y las FARC será solo de terminación del conflicto armado, y no de paz, porque tomará muchos años aplicarlo. También describió las disputas en relación a la “dejación de armas”, puesto que las FARC no aceptan entregar sus armas porque consideran que no han sido derrotadas. Para Cepeda Ulloa no está claro el proceso en el que la guerrilla dejará sus armas. 

 


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