Las señales de desestabilización política en la región centroamericana están creciendo, porque cada país exhibe grandes abusos de autoridad que pueden ser irreversibles en el mediano plazo.
La concentración de poderes de Bukele está llevando a El Salvador a la impunidad frente a la ausencia de pesos y contrapesos institucionales, acompañados de censura y criminalización; la ausencia de consenso del nuevo Gobierno de Xiomara Castro muestra un giro neopopulista por parte de Mel Zelaya con uso de la justicia como método de castigo a los opositores; la creciente corrupción acompañada con la intimidación a fiscales en Guatemala, y la complicidad del presidente Giammattei, están desarticulando el poco Estado de derecho que prevalecía en ese país. Mientras que la impunidad onerosa que prevalece en Nicaragua demuestra las consecuencias a largo plazo del desmantelamiento del orden constitucional: intimidación, encarcelamiento, migración, desinformación y censura, populismo económico y criminalización de la democracia son hoy día la norma en ese país.
La razón de ser de estos procesos se explica por la recomposición política de la autoridad de las élites gobernantes. En Guatemala y Nicaragua existe un fuerte atrincheramiento de sus élites gobernantes ante la protesta social que demanda un cambio político. En Guatemala, los pueblos Mayas están ganando presencia política y fuertes espacios de poder en las ciudades o municipios, y en el Congreso. Esta situación las élites locales más tradicionales y conservadoras la perciben como amenazante a su status quo y difícil de adaptar en un nuevo ambiente de poder compartido. En Nicaragua, el régimen Ortega-Murillo representa un clan dentro de una tribu política minoritaria (el sandinismo) que percibe a la mayoría política azul y blanco como una amenaza para desplazarla de su continuidad en el poder.
Honduras y El Salvador son países donde la oposición se convierte en élite gobernante e intentan reacomodar el balance de poder a su favor, de ahí que Bukele ha logrado utilizar la popularidad para desmantelar los pesos y contrapesos dejando a los salvadoreños al desamparo del capricho político del presidente sin recurso de protección del Estado. En Honduras, el Partido Libre llega al poder en una alianza frágil, pero con la fuerza ideológica de desplazar a los dos partidos tradicionales (Liberal y Nacional) y constituirse en la autoridad dominante. En los cuatro países los métodos de recomposición utilizados se han basado en la plataforma legal del sistema democrático para desvirtuar el Estado de derecho mismo. En Costa Rica también se observa esa recomposición con una generación desembocada en desplazar a los partidos tradicionales (Liberación, Social Cristianos y Acción Ciudadana) y dar espacio a un nuevo régimen político, sin estructura ideológica. En los cuatro países la presencia e influencia de los militares y la Policía ha vuelto a jugar un rol preponderante en la política, toda vez que están garantizando el ejercicio de la autoridad de estas élites, por lo tanto, transgrediendo el Estado de derecho.
Nayib Bukele lidera ampliamente las encuestas para la elección presidencial en El Salvador, que tendrá lugar en pocos días. Su gran activo ha sido el rechazo generalizado de la ciudadanía a los dos partidos que gobiernan el país desde hace un cuarto de siglo. La debilidad de los partidos es uno de los problemas más serios de la democracia en América Latina. Negarse a enfrentarlo es resignarse a tener una política balcanizada, volátil, caudillista y, por ello mismo, machista.
On May 23, the Inter-American Dialogue in partnership with the Inter-American Development Bank (IDB) hosted a panel called “Mandates for Change: Anticorruption and Latin America’s New Leaders” as the third and final installment of the joint Dialogue/IDB “Anticorruption, Transparency and Intergrity” Symposia series.
