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Recientes escándalos de corrupción han degradado la confianza de los latinoamericanos en sus gobiernos, llevando a la elección de líderes con grandes promesas de erradicar la corrupción. Ante este escenario de escándalos y descontento ciudadano, el gobierno peruano designó la “gobernabilidad democrática frente a la corrupción” como el tema central de la Cumbre de las Américas de 2018, una reunión celebrada cada tres años por los jefes de estado de los países de las Américas. La Cumbre resultó en una Declaración de Lima con 57 acciones concretas para fortalecer la lucha contra la corrupción en la región, incluso una (compromiso 17) específicamente dedicada a promover el uso de nuevas tecnologías para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas por gobiernos de la región.
Un nuevo informe del programa de estado de derecho Peter D. Bell del Diálogo Interamericano y el Centro Latinoamericano Adrienne Arsht del Atlantic Council busca avanzar el compromiso 17, explicando el potencial de soluciones tecnológicas para apoyar la lucha contra la corrupción, particularmente en la contratación pública. El informe presenta ejemplos de varias de estas soluciones y además identifica obstáculos a su adopción más generalizada, finalmente proponiendo unas respuestas políticas adecuadas.
Muchos países de la región se han comprometido con diversos planes de acción y reformas de transparencia, pero la implementación de estos planes y políticas es inconsistente y aún existe una brecha entre lo que se promete y lo que se implementa. La tecnología puede ser un elemento crucial para cerrar esta brecha en conjunto con la voluntad política necesaria, vigilancia por parte de la sociedad civil y cooperación internacional.
El siguiente es un esquema general de las oportunidades tecnológicas que existen para combatir la corrupción en las licitaciones públicas de la región, así como los retos correspondientes a su adopción más generalizada y efectiva.
1) Datos abiertos y procesos electrónicos de contratación
La publicación de información sobre contrataciones públicas en formato de datos abiertos puede permitir a la sociedad civil y otras entidades asignadas al monitoreo a jugar un papel principal en identificar y denunciar la corrupción, especialmente si el gobierno no tiene los recursos o la voluntad política para perseguir a actores corruptos. Más allá de sencillamente publicar datos sobre contrataciones en formato de datos abiertos, el paso siguiente para agilizar el proceso de contratación pública es crear un sistema de contratación electrónica (e-contratación) completamente digitalizado y automático, que debe estar acompañado por auditorías frecuentes y supervisión regular por las agencias responsables para prevenir irregularidades.
2) Smartphones y aplicaciones tecnológicas cívicas
El poder de la tecnología de los smartphones, aunado con el potencial de diseminación de las redes sociales, se ha convertido en un medio para recoger pruebas de mala conducta y usarlas para exigir rendición de cuentas políticas y jurídicas. Las aplicaciones tecnológicas cívicaspueden mejorar la supervisión del proceso de contratación público permitiendo a losciudadanos seguir el desarrollo de obras públicas en tiempo real o reportar sobornos por oficiales públicos. Dos ejemplos de aplicaciones tecnológicas cívicas que trabajan parafomentar una cultura de responsabilidad comunal y una expectativa de rendición de cuentas gubernamental son Promise Tracker en Brasil y Supercivicos en Mexico.
3) Big data y algoritmos de inteligencia artificial
Muchas veces, una amplia evaluación de riesgo en procesos de contratación pública queda fuera de la capacidad de un análisis manual, porque existen demasiadas bases de datos y variables incluso para los analistas más experimentados. En este sentido, los algoritmos de inteligencia artificial (IA)–como la herramienta Arachne34 de la Comisión Europea y el Bid Rigging Indicator Analysis System (BRIAS) de Corea del Sur–pueden ser cruciales para identificar irregularidades en los procesos públicos de contratación y para monitorear de cerca los proyectos de alto riesgo.
4) Tecnologías de registro distribuido
Las tecnologías de registro distribuido (distributed ledger technologies, o DLT por sus siglas en inglés), tales como blockchain, pueden ser un método a prueba de piratería para “la verificación de la identidad, el registro de activos y la certificación de transacciones” en la contratación pública. Las tecnologías DLT democratizan el proceso de verificación que se aplica a las transacciones y distribuyen las responsabilidades de gestión de datos entre múltiples participantes, todos los cuales tienen acceso a una cadena de datos que es inquebrantable debido al uso de criptografía matemática que alerta sobre cualquier intento de manipulación indebida, y todos los cuales cuentan con incentivos reales para identificar estas irregularidades.
1) Cooperación entre sectores
Un reto fundamental es crear un vínculo más profundo entre las organizaciones de la sociedad civil que recaban, minan y publican los datos gubernamentales a fin de exponer los casos de corrupción con los organismos regulatorios, procesales o judiciales del gobierno, y apoyar el intercambio de información y las mejores prácticas entre ellas, a fin de garantizar un seguimiento formal de la investigación.
2) Mejores datos
La calidad de los datos aún es muy variable entre distintas bases de dates y organismos, y muchas veces se encuentran incompletos, o no están verificados, no son legibles, no están desagregados, o no son oportunos. Además, las leyes para el acceso a la información son poco reforzados en la región, o se da una respuesta deficiente o incompleta a las solicitudes, o se ven debilitadas cuando un gobierno inclinado hacia la opacidad asume el poder.
Los gobiernos latinoamericanos todavía no hacen lo suficiente para promover de manera proactiva cómo se puede usar la información que publican para mejorar procesos decontratación pública y supervisión, o por la sociedad civil en un papel watchdog. También, solo algunos funcionarios gubernamentales tienen suficiente conocimiento o experiencia técnica.
1) Trabajar juntos hacia datos realmente abiertos.
2) Centrarse en los entregables de los datos y planes para el desarrollo de capacidades digitales a largo plazo.
3) Crear alianzas proactivas con la sociedad civil para desarrollar tecnologías para la transparencia.
4) Reclutar el sector privado.
Este informe fue realizado gracias al Open Society Foundations.
A medida que el uso de los computadores personales se generaliza y la educación y la salud se vuelven cada vez más dependientes de las tecnologías digitales, se han escuchado crecientes advertencias acerca de la posibilidad de que se genere una “divisoria digital”. Efectivamente, se ha generado.
