Electromovilidad en Buenos Aires: progreso y desafíos

Foto de panelistas CC 2.0 / Dominic Chavez-World Bank

Mientras que en el resto del mundo el sector del transporte emite alrededor del 20 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) relacionadas con combustibles fósiles, en América Latina el promedio es de un alarmante 36 por ciento. Debido a que 8 de cada 10 latinoamericanos viven en zonas urbanas y usan transporte público y privado de forma intensiva, las ciudades serán el escenario principal para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y combatir el cambio climático mediante la electromovilidad.

En este contexto, el Diálogo Interamericano y el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) organizaron el evento “Ciudades a la Carga: Electromovilidad en América Latina” para explorar maneras de reducir las emisiones GEI y la calidad del aire en las ciudades latinoamericanas. Rebecca Bill Chavez, presidenta y CEO del Diálogo, ofreció comentarios de apertura, y Daniela Stevens, directora del programa de energía, cambio climático e industrias extractivas, presentó a los participantes y moderó la mesa redonda. Este evento forma parte de la Iniciativa de Ciudades del Diálogo Interamericano, que reconoce el impacto crítico de la política local en la vida cotidiana y el rol fundamental que las innovaciones subnacionales pueden desempeñar como catalizadoras de cambio nacional.

El evento comenzó con la intervención de la Subsecretaria de Planificación de Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires, Lucila Capelli, quien expuso las tendencias recientes de electromovilidad en su jurisdicción. Durante 2019 y 2020, el gobierno de la ciudad y el Banco de Desarrollo de América Latina realizaron una prueba piloto de autobuses alimentados con biodiesel, gas natural comprimido (GNC) y electricidad con el objetivo de evaluar su factibilidad técnica, operativa, económica y ambiental, y analizar la escalabilidad de las tecnologías. Los resultados, que se pueden consultar aquí, demuestran las ventajas competitivas específicas de cada tecnología. A pesar de que adoptar vehículos eléctricos conlleva innumerables ventajas, el costo de capital inicial es todavía tres veces mayor al de un vehículo convencional. Además, debido al entorno macroeconómico del país y dificultades con las importaciones, el costo de dichos vehículos es aún prohibitivo. Capelli aseguró que el gobierno de la ciudad sigue trabajando con el sector privado para financiar la transición y la infraestructura necesaria, como estaciones de carga.

No obstante, en 2022 la ciudad cuenta con cinco autobuses eléctricos que reducen el ruido, las emisiones y la contaminación, y se prepara para introducir motocicletas eléctricas para uso público en el corto plazo. Aunque Capelli señaló el compromiso de que la ciudad cuente con una flota baja en emisiones para 2030, no queda claro si usará biodiesel o gas natural, o si podrán reducir las emisiones de vehículos grandes como camiones de basura. La subsecretaria insistió en que todas estas transiciones requieren de estabilidad macroeconómica. El gobierno nacional subvenciona al sector transporte, por lo que la su electrificación no a generaría capital, asegura Capelli.

En seguida, Laureen Montes, especialista en transporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), habló del rol de la banca multilateral en la promoción de la electromovilidad. El BID es una fuente de prestamos concesionales, pero también es una fuente de conocimiento y un articulador de mejores prácticas entre ciudades y regiones. En años recientes, el BID ha liderado más de cincuenta iniciativas de electromovilidad, en su mayoría estrategias u hojas de ruta para distintos países. Sin embargo, Montes apuntó que más recientemente, el Banco se ha involucrado de forma directa en el sector con proyectos como la renovación de flotas, pruebas piloto e infraestructura de carga. En Buenos Aires, por ejemplo, están trabajando en una prueba de concepto para adaptar buses tradicionales a eléctricos.

Montes y Capelli coincidieron en la importancia de la coordinación transversal. Montes explicó que la transición no solo requiere de un cambio en las regulaciones e incentivos, sino de una agenda multisectorial que fomente nuevas cadenas de valor regionales e impulse un desarrollo sostenible. Dada la necesidad de encontrar soluciones más integrales, el BID creó un grupo multisectorial conformado por especialistas en transporte, cambio climático, energía, tecnología, y otros. Capelli afirmó que la coordinación multisectorial existe en el nivel nacional, pero lamentó que esto no ocurra en el ámbito de la ciudad. Esta incapacidad de influir en las políticas nacionales clave impide el avance de la transición en Buenos Aires.

Asimismo, ambas enfatizaron que no es posible importar o exportar estrategias para el desarrollo de la electromovilidad; es preciso considerar los matices, particularidades y necesidades de cada lugar y tecnología. Montes explicó que el mercado de vehículos eléctricos se encuentra en diferentes etapas a través de la región, y es posible aprender algo de cada lugar. Diversos de negocio seguirán evolucionando a la par de las particularidades de cada país o ciudad.

Montes cerró la sesión advirtiendo la necesidad de manejar los riesgos administrativos, técnicos, financieros, ambientales y concesionales de la transición. Una de las mejores lecciones desde su experiencia es dejar entrar a nuevos actores en función de su capacidad de asimilar o mitigar riesgos. Otro aprendizaje consiste en separar la provisión de la flota del suministro de energía. Los fabricantes deberían mitigar el riesgo tecnológico, ofrecer mantenimiento y garantizar que los insumos requeridos a lo largo de la operación estarán disponibles. En cambio, considerando la falta de una amplia infraestructura de recarga, el proveedor de electricidad debería mitigar el riesgo asociado con la provisión del servicio.

Obtener los beneficios que ofrece la electromovilidad no será una tarea sencilla. A la región le quedan muchos kilómetros por recorrer en materia de infraestructura, manufactura e importaciones, y confiablidad de la red eléctrica.


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