Bloqueando a Trump: Implicaciones para América Latina

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Main Photo: Pixabay / CC0

El 27 de enero de 2021, el Diálogo Interamericano organizó el evento en línea “Bloqueando a Trump: Implicaciones para América Latina” en colaboración con Luminate. El panel discutió la regulación y moderación del contenido y el discurso en línea, sus desafíos específicos en América Latina y los posibles enfoques regulatorios que pueden garantizar que los entornos digitales respeten las normas democráticas y cumplan los estándares internacionales de derechos humanos. El evento contó con los comentarios de apertura de Michael Camilleri, director del Programa de Estado de Derecho Peter D. Bell del Diálogo Interamericano, la moderación de Gabriela Hadid, directora de Luminate, y el análisis de Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión en el Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Vanessa Rubio, profesora en práctica de la LSE y ex senadora y ex viceministra de México, Mariana Valente, directora de InternetLab, y Javier Pallero, director de política global de Access Now.

Camilleri comenzó la conversación describiendo el contexto especifico que llevó al “bloqueo” del expresidente estadounidense Donald Trump. Tras la violenta insurrección en Washington, DC el 6 de enero, Trump fue “suspendido permanentemente” de Twitter y expulsado de varias otras plataformas de redes sociales, que argumentaron que sus palabras habían incitado a los disturbios del Capitolio y tenían el potencial de causar más daño. La remoción sin precedentes de un presidente estadounidense en funciones provocó conversaciones internacionales sobre el poder que tienen las empresas privadas de redes sociales para dar forma al debate público. Si bien los defensores de la decisión argumentaron que la remoción es efectiva y necesaria para limitar el extremismo y la desinformación, los críticos argumentaron que la decisión fue censura y podría proporcionar un pretexto para que los gobiernos autoritarios limiten el discurso en línea.

Todos los panelistas abordaron la cuestión de quién es o debería ser un actor legítimo en este tipo de decisiones regulatorias. Pallero argumentó que quién posee y monitorea los medios no es un tema nuevo, pero que las empresas privadas tienen un papel cada vez más amplio en la limitación del debate público debido a la prominencia de las redes sociales. Valente explicó que estamos entrando en una “tercera ola de regulación de plataformas”, que es meas compleja y trata de entender el Internet como es hoy en día: “omnipresente y concentrada pero numérica y geopolítica”. Las decisiones sobre moderación de contenido deben tener en cuenta estas complejidades y no pueden ser resueltas únicamente por las plataformas o los gobiernos. Rubio argumentó que un enfoque regulatorio debería evitar un “juego de poder” donde los gobiernos y las empresas se regulen unilateralmente y tomen represalias entre sí, sin la participación de la sociedad civil. Pallero continuó explicando que los gobiernos están obligados bajo los tratados internacionales a cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos cono la libertad de expresión. Si bien las empresas privadas no están sujetas a estos principios, pueden optar por colaborar de manera proactiva con los gobiernos para integrar las responsabilidades de derechos humanos en sus términos de servicio y filosofía. Rubio señaló que la elaboración de consenso sobre los estándares generales de moderación de contenido se realiza a través del diálogo entre diferentes sectores interesados. Si bien este diálogo no puede crear un instrumento internacional vinculante, abogó por un enfoque multilateral que ha tenido éxito en otras áreas, como la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Los panelistas también discutieron los desafíos específicos que enfrenta América Latina en estos debates más amplios. Dado que la mayoría de estas plataformas digitales tienen su sede en América del Norte y no tienen representación en América Latina, Vaca y Valente expresaron su preocupación de que las plataformas no puedan tomar decisiones informadas si eligen intervenir en la política de un país específico, especialmente durante las elecciones. Por el lado del gobierno, los oradores reconocieron que abogar por conversaciones amplias y multisectoriales que involucren a la sociedad civil es más aplicable a países con democracias sólidas, lo que no es el caso en toda la región. Vaca explicó que casos como Perozo v Venezuela o Ríos v Venezuela han creado un precedente dentro del sistema interamericano para la protección de la libertad de expresión, y que, a pesar de los desafíos de gobiernos autoritarios, existe una historia de diálogo dentro de este sistema que han contribuido a un cambio positivo. Los gobiernos autoritarios también pueden platear problemas específicos para las plataformas y la moderación de su contenido. Pallero explicó que Access Now recomienda que las plataformas se resistan a las solicitudes de información de los gobiernos que violan los derechos de sus usuarios. Pero también reconoce el dilema que enfrentan las plataformas para tratar de cumplir con diversos estándares y regulaciones.

Los problemas con el discurso en línea son un reflejo del deterioro de las normas democráticas en la región. Vaca y Rubio explicaron que estos debates se dan en un “punto de inflexión” donde la polarización aparentemente se privilegia sobre el diálogo, y el “objetivo es derrotar, no escuchar”. Vaca advirtió que la remoción de plataformas es una solución imperfecta, porque desplaza el discurso violento en lugar de apuntar a resolverlo. Subrayó la importancia de prestar atención a las conversaciones que también ocurren fuera de los entornos digitales, así como de abogar por programas de alfabetización digital más amplios que enseñen a los ciudadanos cómo comprender y gestionar su papel dentro de las plataformas en línea. Rubio coincidió en que el discurso violento y antidemocrático “no es un problema inherente a las redes sociales, sino inherente a los humanos”, sin embargo, “el espacio que refleja los problemas humanos actualmente no cuenta con la regulación suficiente que puede ser necesaria”. Es importante exigir que las decisiones de regulación gubernamental sean transparentes y producto del consenso democrático. Pallero señaló que el sistema de justicia es imperfecto en muchos países de la región, lo que hace que esta transparencia sea aún más necesaria.  

En general, los panelistas coincidieron en que no existen soluciones universalmente aplicables a los problemas relacionados con la moderación de contenido, pero que existen principios básicos que tanto las empresas privadas como los gobiernos deben realizar para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos. Hadid concluyó que el tema general de la discusión era la “complejidad” y que la eliminación de plataformas de Trump presenta una oportunidad única y destacada para evaluar cómo las plataformas digitales pueden afectar los debates públicos, para bien o para mal.

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