Ben Raderstorf / Inter-American Dialogue

El lunes 20 de marzo, El Diálogo realizó un evento con el Ministro de Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, para discutir la implementación del Acuerdo de Paz de Colombia con las FARC.

Cristo explicó que tras el rechazo en el plebiscito del pasado octubre, el gobierno modificó el Acuerdo de Paz para conseguir el apoyo de la mayoría. Luego de casi un mes de negociaciones con los líderes del “no”, el gobierno colombiano generó un nuevo acuerdo que fue refrendado por la mayoría del Congreso y avalado por la Corte Constitucional. La participación política de las FARC fue el tema más debatido con los líderes del “no” y fue el punto en el que no se llegó a un consenso.

Una vez ratificado el acuerdo comenzó la implementación normativa. Cristo resaltó que todas las normas constitucionales que se han creado luego del acuerdo, como la Ley de Amnistía, la Ley de Voceros de las FARC y el Sistema de Justicia Transicional, han sido avaladas por la Corte Constitucional. Esta implementación se lleva a cabo mediante un procedimiento legislativo especial que pretende garantizar la implementación del acuerdo en el primer año. Esto se debe a que, según el ministro, aquellos acuerdos que no se implementan en el primer año tienden a fracasar.

Al mismo tiempo, comentó Cristo, se ha avanzado en el cumplimiento de los cronogramas establecidos para la desmovilización y desarme de las FARC. Se espera que en poco más de dos meses se concrete la desaparición de FARC como movimiento armado y su transformación en partido político.

El ministro mencionó que, a la par de normativa, se realizará la implementación de programas con enfoque económico y social en los territorios más afectados por el conflicto, así como la reincorporación de las FARC a la vida civil. El Acuerdo de Paz contempla la creación de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PEDET), para los que se determinaron 167 municipios del país a los que se dirigirá inversión pública —en materia de creación de vías terciarias, producción e inversión social— y donde se crearán las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz. Asimismo, se irán incorporando por etapas los demás programas estipulados en el acuerdo.

Según Cristo, los cultivos ilícitos y los atentados contra líderes sociales son las más grandes amenazas a la consolidación de la paz. El gobierno está trabajando junto a Estados Unidos para lograr la disminución del cultivo ilegal. El ministro considera que la sustitución de cultivos y la erradicación de la minería ilegal promoverán la disminución de los atentados contra líderes sociales. Hasta el momento se han hecho acuerdos de sustitución de cultivos con campesinos de 63 municipios. Acuerdos en donde en el primer año se le pagará a los campesinos un millón de pesos para comenzar el proceso de erradicación del cultivo ilegal y, luego, se le darán recursos para comenzar y mantener sus proyectos productivos. El gobierno se mantiene optimista, explicó Cristo, ya que el Acuerdo de Paz garantiza que FARC no influenciará a los campesinos para mantener los cultivos ilegales. Unido a esto, el gobierno colombiano ha trabajado para disminuir la impunidad relacionada a los asesinatos de líderes sociales en estos territorios.

Sin embargo, explicó el ministro, aún existe un gran problema territorial. Este problema es el de la ocupación por organizaciones criminales, entre ellas el Clan del Golfo, de los territorios de FARC para controlar el narcotráfico y minería ilegal.  

Al finalizar se hizo una sesión de preguntas en las que se abarcaron los temas de Odebrecht, el incentivo de los campesinos para sustituir cultivos, el proceso de paz con el ELN y las elecciones presidenciales 2018. En conclusión, el Proceso de Paz de Colombia todavía tiene un gran camino por delante, la pronta implementación es clave para la consolidación del Acuerdo y la incorporación de FARC a la sociedad civil.

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