Violencia contra periodistas: Voz de alarma

By Denise Dresser
Presentation at Conference on Violence against Journalists and Impunity in Mexico June 17, 2008

Empecemos por sus nombres. Amado y Philip y José y Roberto y Leodegario y Brad y Francisco y Gregorio y Alfredo y Misael y Guevara y Guadalupe y Raúl y Jaime y tantos más. Nombres de periodistas asesinados. Nombres de editores desaparecidos. Nombres de reporteros amenazados. Se~nales inequívocas de un país que no puede proteger a quienes se dedican a decir la verdad y desenterrarla. Síntomas de un gobierno rebasado ante un problema que le parece residual. Signos de la impunidad ignorada, la incompetencia institucionalizada, la violencia que parece normal cuando no debería serlo. Una lista que crece día tras día sin que alguien haga algo. Una lista de hombres y mujeres cuyo destino fatídico revela lo peor del sistema político y el andamiaje institucional.

México entre los 15 países del mundo más peligrosos para ser periodista. México comparable con Iraq, Rusia, Colombia, Bosnia, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Afghanistán. Donde cargar con una grabadora o una cámara de televisión o una libreta puede ser una actividad de alto riesgo. Donde hacer preguntas incómodas puede acarrear consecuencias mortales.

Por ello, el Comité para la Protección de Periodistas manda una reclamo al gobierno de Felipe Calderón. Por ello, la Sociedad Interamericana de Prensa emite una Resolución en Cartagena sobre México. Porque México produce cada par de meses su propia versión de Anna Politovskaya, la periodista rusa asesinada por incómoda, preguntona, insistente. Y porque al igual que en Rusia, aquí no pasa nada. Algunos exigen justicia para los casos pendientes mientras la mayoría ni los recuerda ya. Uno más.

Sí, uno más y ése es el problema. Cada periodista asesinado  debería ser un recordatorio; cada comunicador asediado debería ser un llamado de atención.  En México la libertad de expresión no es una realidad celebrada sino un anhelo incumplido. En México la libertad de prensa existe de manera intermitente y con frecuencia precaria. Basta con examinar lo que ha ocurrido con El Imparcial de Hermosillo, El Despertar de la Costa de Guerrero, El Gráfico de Oaxaca, el semanario Ecos de la Cuenca de Michoacán, el diario Tabasco Hoy de Tabasco, el Diario de Noroeste de Sonora, el periódico El Ma~nana de Reynosa. Todos con una historia de intimidación qué contar; muchos con un colega muerto al cual hubo que enterrar. Un colega que hizo la pregunta equivocada, o escribió sobre el personaje innombrable, o evidenció al político corrupto, o se~naló al gobernador coludido, o exhibió al policía cómplice. Un colega que simplemente hizo su trabajo: confrontar al poder con la verdad. Ser el Cuarto Poder que vigila a los otras tres. Seguirle la pista a los capos de la droga y a quienes se rinden frente a ellos.

Tareas peligrosos en un país donde todos se salen con la suya y pocos pagan un precio. Tareas de vida o muerte en un país donde la impunidad prevalece y el castigo parece no existir. Ante esa visión – extendida, enraizada – es necesario alzar una voz de alarma. Doblar las campanas y tocar los tambores. Decir que la indolencia gubernamental merece ser condenada y la complaciencia social también.

Porque nos hemos convertido en el país donde no pasa nada. Donde hay muchos escándalos pero muy pocas sanciones. Donde siempre hay corruptos se~nalados pero nunca corruptos encarcelados.  Y donde todo esto es normal. Los errores, los escándalos y las fallas y las violaciones no son indicio de catástrofe sino de continuidad. La pederastia protegida por un gobernador o la fortuna ilícita acumulada por un candidato presidencial o las negociaciones turbias entre un senador y un empresario no son motivo de alarma sino de chisme. No son síntoma de un cáncer a punto de metástasis, sino de una urticaria con la cual el país se ha acostumbrado a convivir. La permanencia en el poder público de quienes violan sus reglas más elementales es lo acostumbrado, tolerado, aceptado.

El olvido de aquel desplegado titulado “Había una vez un pederasta que estaba protegido por sus muy poderosos amigos” publicado por los cineastas Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Alejandro González I~nárritu, Guillermo del Toro. Y convocadas por ellos, miles de firmas más denunciando, condenando, exigiendo. Pidiendóle a la Suprema Corte de Justicia que defiendiera las garantías individuales de una ciudadana – Lydia Cacho – cuando tantas otras instituciones de gobierno habían rehusado hacerlo. Exhortando a once ministros a que revelaran una verdad muy simple que por ello enfrenta las mayores resistencias: México es un país de pederastas y de políticos que los encubren. México es un país donde las redes de pedófilos encuentran autoridades que las esconden. México es un lugar en el cual los ciudadanos tienen que pelear para que su gobierno los reconozca como seres humanos.

Seres humanos como una periodista que despliega día tras día la dignidad de la indignación. Que en lugar de resignarse ante la realidad de la pornografía infantil, decide exponerla en el libro Los demonios del edén. Y que es dejada en el absoluto desamparo por la Suprema Corte y por cada institución que debiera haber atendido su caso: el Congreso estatal, el Congreso nacional, la CNDH. Cada institución se ve atrapada por redes de protección política que convierten el combate a la corrupción en moneda de cambio.

La Suprema Corte abdica a su responsabilidad en el caso de Lydia Cacho, al sugerir que la última instancia a la que un ciudadano puede recurrir no funciona para él o para ella. Al transformar el sufrimiento de ni~nos y ni~nas víctimas de la pederastia en una anécdota más. Al convertir su veredicto en confabulario de gobiernos corruptos, empresarios inmorales, criminales organizados. Y así como un agente judicial le dijo a Lydia Cacho durante su “secuestro legal”: “Qué derechos ni qué chingados”, la Suprema Corte acaba de decirle lo mismo a los habitantes del país. Ustedes y yo, desamparados por quienes deberían proteger nuestros derechos, pero han decidido que no les corresponde velar por ellos.

El consenso de todos ellos en cuanto a que quizás hubo violaciones pero fueron menores, no graves, resarcibles, quizás indebidas pero no meritorias de la atención de la Corte. O como lo preguntó el Ministro Aguirre: “Si a miles de personas las torturan en este país. De qué se queja la se~nora? Qué la hace diferente o más importante para distraer a la Corte en un caso individual?”

Quizás sólo quede demostrada alguna vez la violación de garantías individuales en México cuando a la esposa de algún Ministro la trasladen sin el debido due process durante 23 horas de un estado a otro. Cuando a la madre de algún juez le digan que sólo le darán de comer si le hace sexo oral a los agentes judiciales que la han secuestrado. Cuando a la hermana de algún magistrado importante le metan una pistola a la boca y le susurren al oído “tan buena y tan pendeja; pa’ que te metes con el jefe … va a acabar contigo”. Cuando a la hija de algún abogado le cobren una fianza excesiva para dejarla salir de la cárcel o amenacen con violarla allí o la sometan a entrevistas intimidatorias o un gobernador le de una buen “coscorrón”. Cuando a la nuera de algún político le digan sus torturadores “Ten tu medicina aquí … un jarabito, quieres?’ mientras se soban los genitales. Cuando a la nieta de alguna procuradora la viole un pederasta protegido por un “Estado de derecho” puesto al servicio de los poderosos que casi siempre ganan. Cuando alguno de ellos – lamentablemente -- sea víctima de un sistema judicial podrido y no antes. Sólo así.

Y bueno, la Suprema Corte se pega a sí misma, pero el peor golpe se lo da al país al demostrar cuan lejos está de ser un garante agresivo e independiente de los derechos constitucionales. Y la pregunta que deja pendiente es cómo remediar esa disfuncionalidad instiucional que corre a lo largo y a lo nacho del sistema? Los remedios parecen demasiado peque~nos para la dimensión del problema, como lo revela el caso de Carmen Aristegui. De hecho su futuro será una prueba para la democracia mexicana y su caso un síntoma de aquello que la aprisiona.

El argumento de que la censura solo ocurre cuando el acto es ejercido por la autoridad y que lo ocurrido entre Carmen Aristegui y Televisa/Prisa es tan solo un asunto entre particulares me parece incorrecto. Ignora dos hechos fundamentales: el espectro radioelectrico es un bien publico, concesionado bajo ciertas reglas, incluyendo el fomento a la pluralidad. Los concesionarios/empresarios llevan a cabo actos para quedar bien con la autoridad o no poner en peligro sus intereses en un contexto en el cual las concesiones y los permisos para hacer negocios siguen otorgandose de manera discrecional, debido a la ausencia de una legislacion moderna.

Segun me contó hace poco un miembro del equipo de Felipe Calderon, un concesionario le llamo para saber si habia o no un veto de Los Pinos contra Carmen Aristegui porque queria ofrecerle un trabajo y no estaba seguro de que deberia hacerlo. La simple formulacion de la pregunta revela la profundidad del problema.
Hace meses ya la Suprema Corte echó para atrás la Ley Televisa, pero eso no nos regresó a la legislación existente. Esa que no evita los fenómenos de concentración monopólica. No asegura la eficacia del Estado en la administración y regulación de un bien público como lo es el espectro radioeléctrico. No permite dar cumplimiento a la obligación del Estado para otorgar la igualdad de oportunidades a todas las personas para recibir, buscar y difundir información. No garantiza la libertad de expresión y la pluralidad que una concesión debería garantizar.

En una democracia funcional con capitalismo competitivo de terreno nivelado de juego, la competencia de intereses es tal que el pluralismo generado evita la censura. En un país así, Carmen Aristegui simplemente se cambiaría de radiodifusor sin problema. Pero en México, la concentración es tal que los concesionarios chicos y sin acceso a la televisión, le temen a los grandes que la controlan. Y en México, el hecho de que haya sólo dos alternativas con intereses tan claros lleva a Carmen a la intemperie en la que se encuentra hoy.

Es imperativo tener en mente lo que debería ser el punto de partida de la discusión. El espectro radioeléctrico es un bien público. No pertenece a los concesionarios sino a los habitantes del país. No se comercializa sólo para permitir las ganancias sino para favorecer a los ciudadanos. Y los ciudadanos en cualquier parte del mundo, en cualquier sector, se benefician cuando el Estado acota los privilegios e impide la formación de monopolios y promueve la competencia y fomenta la pluralidad. Cuando genera beneficios para muchos, no sólo ganancias para pocos.

Pregunto entonces: con la salida del aire de Carmen Aristegui donde, en que medio, y entre quienes se va a dar el debate imprescindible sobre los monopolios en Mexico? Qué hacer cuando el poder de veto y la censura ya no se ejercen necesariamente desde el gobierno sino desde los medios?

Es una verdad universalmente aceptada que en México, casi nadie quiere pelearse con los grandes concesionarios. Casi nadie está dispuesto a alzar la voz para cuestionar el poder que han acumulado, los vetos que han ejercido, las leyes que ahora logran impulsar. Intelectuales y funcionarios y políticos y magistrados, asustados. Atemorizados. Agazapados. Cómplices involuntarios de un poder fáctico capaz de doblegar a los demás. Por temor a ser vetados en la pantalla y no aparecer en ella. Por miedo a ser linchados públicamente allí. Porque los medios ayudan a quien gobierna con ellos pero intenta destruir a quienes se rehusan a hacerlo -- como les ha ocurrido a los partidos políticos que recientemente aprobaron reforma electoral que le quita dinero y poder político precisamente a los medios.

Los diques contra el libre flujo de la libertad son producto de una realidad que la reforma electoral ha intentado transformar, pero le falta una nueva ley de medios para lograrlo.  La realidad de la concentración duopólica en la televisión que inhibe el pleno ejercicio de la expresión de las ideas, limita la garantía de acceso a la vida democrática deliberativa, y pone en jaque los valores constitucionales que tantos quieren – de manera legítima -- defender.

Todos aquellos preocupados por la libertad de expresión y la censura en México deberían estar dispuestos a se~nalar lo que también contribuye a constre~nirla: el surgimiento de lo que José Woldenberg y otros han llamado un “suprapoder”: medios impunes y poderosísimos con la capacidad de doblegar a la clase política, encarecer los procesos electorales, distorsionar el comportamiento de las instituciones, cercenar la libertad de expresión de los individuos y determinar el curso de las política públicas. Con efectos terriblemente nocivos para la calidad de la vida democrática.

Allí está el “decretazo” con el cual se eliminó el impuesto que las televisoras – como concesión pública – tenían que retribuirle al Estado.  Las concesiones para casinos otorgadas por quien quiso cortejar a los medios para fortalecer su candidatura presidencial. El chantaje a Felipe Calderón y los otros políticos prominentes durante la contienda del 2006. La aprobación de la “Ley Televisa” y el doblegamiento institucional por parte del la Cámara de Diputados y el Senado que demostró. La censura que desde la televisión se ejerció contra quienes pelearon para frenarla. Más importante aún: el poder creciente de los llamados “poderes fácticos” o “centros de veto” o “intereses creados” cuyo comportamiento secuestra nuestros derechos y amordaza nuestras libertades. Poderes con la capacidad de socavar los procesos democráticos,


Ante esa poder de los concesionarios debe haber una contraposición. Ante el avance de intereses particulares debe erigirse la valla de los intereses generales y ojalá que el caso de Carmen Aristegui sirva como catalizador para centrar la discusión donde debe estar: en la elaboración de una nueva Ley de Radio y Televisión que tenga la capacidad para encarar los problemas que el affair Aristegui evidenció.

Pero para que eso ocurra deberá haber un gobierno actúe como tal. Que establezca las contenciones suficientes y necesarias. Que garantice una regulación que no funcione como una mordaza sino como un semáforo. Que asegure las ganancias legítimas en función de concesiones transparentes. Que promueva la competencia real en un terreno nivelado de juego. Que perciba la protección a periodistas como una tarea central y bo como una variable residual. Esa es la agenda que México debe promover. Esa es la lista de acciones que el país debe exigir. Esa es la lucha pendiente que ojalá el caso de Carmen Aristegui y de Lydia Cacho y de tantos periodistas silenciados lleve a librar.